Las aventuras de Mario Bros. fueron tema Cumpleaños de Ian Leonardo Segura Borja
Sociales | jueves 30 de abril
Noticias de Tijuana. El Gran Diario Regional en línea, presentando noticias en tiempo real con información de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, Baja California, México y el mundo
En Tendencia: Jaime Bonilla, AMLO, Marina Del Pilar, Policiaca Tijuana, Garita Tijuana, UABC, Pandemia, COVID, Xolos, Toros
Tijuana
Denuncian red de funcionarios vinculados a presunto “cártel inmobiliario” en Tijuana
Por Border Zoom | jueves, 30 de abril de 2026
Fotos Carlos Alegría / Border Zoom
TIJUANA.- El director del despacho Fuentes y Asociados, Jorge Valdés, advirtió sobre la existencia de una presunta red de funcionarios y particulares involucrados en prácticas irregulares dentro del llamado “cártel inmobiliario”, fenómeno que —aseguró— no se limita a un grupo aislado ni a una sola ciudad.
El abogado explicó que, a partir de su experiencia jurídica, han detectado múltiples casos que afectan a un amplio sector de la población, tanto en Tijuana como en otras entidades del país. “No es solo un grupo, es una red que opera no únicamente aquí, sino prácticamente en toda la República”, afirmó.
Señaló que tras hacer públicas algunas situaciones, recibieron mensajes de personas de distintos estados que reportan problemáticas similares. “Nos empezaron a contactar desde diferentes ciudades; es un problema que claramente se ha replicado a nivel nacional”, indicó.
Valdés criticó que autoridades locales han minimizado la situación, pese a que existen indicios de participación de diversas instancias. “Consideramos que se ha querido restar importancia, cuando el problema está dentro de las propias instituciones”, expresó.
Detalló que, en diversos juicios, han identificado la intervención de funcionarios como los jueces civiles Pedro Galaz Hernández García, Juan Hurtado Díaz y Juan Carlos Constantino Ortega Vega, así como personal de fiscalía, registro público y notarios, quienes presuntamente han favorecido a ciertos grupos mediante resoluciones rápidas y documentación irregular. “No se puede decir que con un abogado detenido se acabó el problema, cuando hay más actores involucrados”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó un caso en el que el juez Pedro Galaz Hernández García habría emitido una sentencia en menos de un mes para ordenar el desalojo de 192 inmuebles. “Es una celeridad inusual en la práctica jurídica; se admitió la demanda el 27 de enero y el 26 de febrero ya había resolución”, detalló.
Añadió que, en ese mismo asunto, las personas afectadas no fueron notificadas adecuadamente, lo que derivó en un intento de desalojo que, dijo, fue frenado mediante un amparo. “Si no intervenimos, se habría despojado a personas que ni siquiera formaban parte del juicio”, explicó.
Asimismo, denunció la presunta participación del agente del Ministerio Público Antonio Martínez Fonseca, así como de funcionarios del Registro Público de la Propiedad como Alberto Zamarrón Niño. También señaló a particulares identificados como Martín Gilberto Adame, Carlos N., Marisol N., Concepción N. y Víctor Manuel N., este último —indicó— con un cargo como magistrado federal.
Finalmente, el abogado indicó que ya se han presentado al menos seis denuncias penales relacionadas con estos hechos y reiteró que se trata de una problemática estructural. “Es un problema mayúsculo que requiere atención urgente; no hay regulación suficiente y cualquier persona puede comercializar inmuebles sin rendir cuentas”, concluyó.
