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Advierten riesgos constitucionales por reforma a las llamadas "pensiones doradas"
Por Sergio Carrillo | viernes, 5 de junio de 2026
El abogado Carlos Güereña sostuvo que esta reforma podría debilitar principios constitucionales como la certeza jurídica y la protección de los derechos adquiridos
TIJUANA.- La reciente reforma constitucional relacionada con las llamadas "pensiones doradas" podría tener implicaciones más amplias que la reducción de montos a exfuncionarios públicos, ya que abre la puerta a modificaciones que afectarían derechos previamente adquiridos, advirtió el abogado litigante Carlos Güereña.
Explicó que la modificación al artículo 127 constitucional establece que ninguna pensión podrá superar la remuneración asignada a la Presidencia de la República, lo que impactaría a personas que ya se encontraban jubiladas y percibiendo montos superiores.
"Estas personas ya tienen un derecho adquirido. No es una mera expectativa, es un derecho adquirido, y ahí es donde se presenta el problema jurídico de la irretroactividad", señaló.
El especialista indicó que la principal preocupación no radica únicamente en los pensionados afectados, sino en el precedente que podría generarse para futuras reformas constitucionales.
Según explicó, la modificación plantea un cambio de paradigma jurídico al permitir que derechos previamente consolidados puedan ser alterados mediante reformas constitucionales posteriores.
"La trascendencia aquí es que cualquier cambio que pueda darse desde la institucionalidad del gobierno a través de la Constitución puede modificar cualquier derecho presente, vigente y que ya está siendo ejercido", afirmó.
Güereña sostuvo que este tipo de medidas podría tener repercusiones futuras en diversos ámbitos jurídicos y políticos, al debilitar principios constitucionales como la certeza jurídica y la protección de los derechos adquiridos.
El abogado consideró que la discusión debe centrarse no solo en el monto de las pensiones, sino en los alcances legales de una reforma que, desde su perspectiva, podría vulnerar garantías fundamentales reconocidas en el marco de los derechos humanos.