Tijuana

TIJUANA.– La nueva legislación ambiental representa una oportunidad para incorporar principios como la justicia ambiental, los impactos acumulativos y la economía circular, pero su principal reto será garantizar que sus disposiciones se cumplan y no permanezcan únicamente en el papel, señaló el fundador y Director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), José Carmelo Zavala Álvarez.

El ambientalista sostuvo que México no enfrenta necesariamente una falta de leyes ambientales, sino dificultades para hacerlas cumplir, por lo que consideró indispensable que la discusión de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEPA) contemple los recursos y mecanismos necesarios para su aplicación.

“No solamente necesita estar en una legislación, en una nueva LGEPA, en una nueva reglamentación; necesita haber voluntad política, voluntad política para implementar, para cumplir la norma”, estableció.

Como ejemplo, señaló que la legislación ya establece la separación de residuos urbanos, pero esta disposición no se cumple plenamente en los municipios de Baja California.

“Ya tenemos legislación que nos pide que los residuos sean separados [...] ¿Cuál gobierno municipal de Baja California lo hace? Ninguno. Y ya está la ley”, refirió.

También mencionó la verificación vehicular ambiental como otra medida contemplada en normas y programas que no se encuentra actualmente implementada en la entidad.

Zavala Álvarez destacó que la propuesta de nueva legislación incorpora elementos como la justicia ambiental, el principio pro natura, el interés superior del medio ambiente, la economía circular y la evaluación de impactos ambientales acumulativos.

Sobre este último punto, explicó que los proyectos no deberían analizarse únicamente de manera individual, sino considerando los efectos que pueden generar varias obras concentradas en un mismo territorio.

“Ahora sí se considera este impacto ambiental acumulativo [...] cuando viene un segundo edificio de 20 pisos y cuando viene un tercer edificio de 20 pisos, ¿qué pasa con el agua, qué pasa con la electricidad, qué pasa con el drenaje?”, puntualizó.

Respecto a la justicia ambiental, señaló que las desigualdades en el acceso a servicios como el agua también deben formar parte de la discusión ambiental, pues los sectores con menos recursos pueden enfrentar mayores costos ante la falta de infraestructura.

Finalmente, llamó a la ciudadanía y a los distintos sectores a participar en el proceso de parlamento abierto y revisar la propuesta, al considerar que su contenido puede enriquecerse con las aportaciones de la sociedad.

Sin embargo, advirtió que uno de los principales desafíos será contar con recursos suficientes para implementar las nuevas disposiciones.

El Director del CIGA subrayó que el cumplimiento de las regulaciones ambientales requiere la participación de autoridades, empresas y ciudadanos, y tiene implicaciones no sólo para el medio ambiente, sino también para la salud, el bienestar y los compromisos comerciales de México.

Fotos: JUAN BARRERA