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Editorial

COLUMNA: EN PLAN REFLEXIVO

Por Armando Maya Castro | jueves, 5 de diciembre de 2024

EMX-COLUMNA: EN PLAN REFLEXIVO

IMPUNIDAD PERJUDICIAL


Es triste decirlo, pero en pleno siglo XXI sigue habiendo detenciones arbitrarias por motivos religiosos; y no sólo eso, sino también acciones criminales que buscan suprimir a las minorías religiosas. Esto ocurre en muchos países del mundo, sin que la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos logre poner fin a la intolerancia religiosa. 

El pasado 25 de mayo, Amnistía Internacional (AI), se refirió al caso de cinco miembros de la comunidad bahaí que llevan casi un año detenidos arbitrariamente en Saná, “como parte de la persecución continuada de personas de la fe religiosa bahaí”, afirma el texto del organismo creado en Londres el 1 de octubre de 1962, y que trabaja en todo el mundo por la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Casos como este abundan en varios países del mundo, así como en algunas comunidades de nuestro país. Mencionaré como ejemplo de lo que sucede en México el caso de intolerancia religiosa que se registró el 26 de abril en las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo, en el municipio de Huejutla, Hidalgo. Los agraviados son miembros de la Iglesia Bautista Fundamental “La Gran Comisión”. 

Ese día, “cerca de cien evangélicos fueron desplazados de sus viviendas bajo el argumento que no contribuyen con el trabajo comunitario en favor de la iglesia católica a que están, dicen, obligados por usos y costumbres”, refiere textualmente una nota de El Universal Hidalgo, publicada el 30 de abril de 2024.

Eje Central, un sitio online de noticias, análisis y opinión de México, hizo público que este lamentable atropello a los derechos humanos contra los evangélicos fue perpetrado por un grupo de intolerantes religiosos que fueron encabezados por algunos caciques y el delegado de Rancho Nuevo, Gervasio Robles. Estas personas, por encima de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, fueron casa por casa cortando el servicio eléctrico a 23 familias en las dos comunidades antes mencionadas. 

Oscar Moha, autor de la nota en cuestión, compartió con sus lectores las declaraciones de uno de los 178 refugiados del grupo evangélico de la comunidad indígena náhuatl en ese municipio: 

“Los caciques en complicidad con los delegados cercaron el templo con alambres de púas, al igual que varias casas de los hermanos, por lo que decidimos huir a la cabecera municipal, y es que sin luz y con las amenazas de linchamiento, decidimos venir al auditorio de Huejutla en busca de que las autoridades hagan justicia ante esta arbitrariedad”, señaló Pedro Salazar, quien profesa la fe evangélica. 

Lasrtimosamente, este caso de discriminación religiosa permanece impune, como muchos otros que han ocurrido en México. Esta inacción en la administración de justicia puede ocasionar que los casos de intolerancia religiosa de esta y otras regiones de México se multipliquen y generen más sufrimiento en las personas que, en el uso de sus derechos religiosos, decidieron abrazar otra fe. 

Estos casos de intolerancia religiosa son dignos de la más enérgica condena, sin importar si se perpetran en Yemen, en México o en cualquier país del mundo. 

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