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Editorial
COLUMNA: Plano Legal
Por Dr. Leonardo Abarca Jiménez | miércoles, 22 de enero de 2025
LA SOBERANÍA MEXICANA ANTE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE TRUMP SOBRE LOS CÁRTELES DEL NARCOTRÁFICO.
La soberanía es uno de los principios fundamentales que rige a las naciones modernas. De acuerdo con el derecho internacional, se entiende como el derecho exclusivo de un Estado a ejercer su poder y autoridad sobre su territorio, su población y sus recursos, sin injerencias externas. En el caso de México, este principio está consagrado en el artículo 39 de nuestra Constitución, el cual establece que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Sin embargo, este concepto enfrenta desafíos constantes, especialmente en un contexto globalizado en el cual las problemáticas trasnacionales, como el narcotráfico, cruzan fronteras y generan tensiones entre países, como es el caso de México y Estados Unidos.
Uno de estos desafíos se presentó cuando el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer en su toma de protesta declaró su intención de designar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, estas declaraciones han suscitado un debate sobre las implicaciones de esta medida y los riesgos para la soberanía mexicana, particularmente si Estados Unidos decidiera intervenir militarmente en México bajo el argumento de combatir al narcotráfico. Es precisamente en ese contexto que surge la necesidad de analizar este hipotético escenario, es decir, las posibles afectaciones a la soberanía mexicana y las repercusiones internacionales de tal intervención a la luz del marco jurídico internacional.
Como punto de partida, debemos aceptar que la crisis del narcotráfico es, sin duda, una problemática que afecta tanto a México como a Estados Unidos. Por un lado, México enfrenta altos niveles de violencia, corrupción y desestabilización social debido a las actividades de los cárteles. Por otro lado, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas ilícitas y una fuente clave de financiamiento y armamento para los grupos criminales.
Estas dinámicas interconectadas convierten al narcotráfico en un problema binacional que requiere estrategias conjuntas.
Sin embargo, declarar a los cárteles mexicanos como “terroristas” plantea riesgos significativos para la soberanía mexicana. Bajo las leyes de Estados Unidos, esta designación permitiría al gobierno estadounidense emplear herramientas legales y militares más agresivas contra los cárteles, incluidas sanciones económicas, restricciones de viaje, y operaciones directas contra sus miembros y redes financieras.
Si Estados Unidos decidiera intervenir militarmente en México bajo el pretexto de combatir a los cárteles, se estaría incurriendo en una violación flagrante de la soberanía mexicana. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados deben abstenerse de amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Cualquier intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, sin el consentimiento explícito del gobierno de México, constituiría una transgresión de este principio.
Además, dicha intervención podría socavar la legitimidad del gobierno mexicano ante su población y la comunidad internacional, proyectando una imagen de incapacidad para resolver problemas internos. Esto podría tener consecuencias sociales y políticas graves, fomentando descontento, polarización y, posiblemente, un aumento de la violencia, ya que los cárteles podrían intensificar sus actividades en respuesta a la incursión extranjera.
En términos económicos, una intervención militar podría generar inestabilidad en las relaciones comerciales entre ambos países, particularmente en sectores como el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que depende de un entorno político estable. Asimismo, afectaría negativamente la percepción de México como un destino seguro para la inversión extranjera.
Desde una perspectiva internacional, una intervención militar unilateral de Estados Unidos en México también tendría consecuencias significativas. En primer lugar, Estados Unidos se enfrentaría a una condena generalizada por parte de la comunidad internacional, que probablemente vería esta acción como un acto de imperialismo y una violación de las normas establecidas por el derecho internacional.
Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podrían emitir resoluciones condenatorias, y otros países, especialmente en América Latina, podrían alzar la voz contra lo que considerarían una amenaza a la soberanía regional. Esto podría dañar la reputación de Estados Unidos como defensor de la democracia y el respeto al derecho internacional, erosionando y mermando su influencia global, aunque hay que decir que a los ojos del Presidente Trump el efecto sería el contrario, es decir, esta intervención fortalecería ante los ojos del mundo, la imagen de los Estados Unidos.
En segundo lugar, una intervención militar sin el consentimiento de México también podría generar conflictos diplomáticos con otros aliados estratégicos, como Canadá o países europeos, que han abogado históricamente por soluciones multilaterales en lugar de acciones unilaterales. En el ámbito regional, podría reavivar tensiones históricas entre Estados Unidos y América Latina, donde las intervenciones estadounidenses del siglo XX dejaron una huella profunda de desconfianza y resentimiento.
Por último, cualquier operación militar en México podría desviar recursos y atención de otros desafíos internacionales para Estados Unidos, debilitando su capacidad de actuar en otras regiones del mundo.
Desde el plano legal, el derecho internacional ofrece mecanismos para abordar problemáticas como el narcotráfico sin comprometer la soberanía de los Estados. Por ejemplo, tratados como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988 y otras iniciativas multilaterales fomentan la cooperación entre países para combatir el narcotráfico a través del intercambio de inteligencia, la extradición de criminales y el fortalecimiento de las capacidades locales.
México y Estados Unidos tienen una larga historia de cooperación en materia de seguridad, ejemplificada en la Iniciativa Mérida, que permitió el financiamiento de programas de capacitación, tecnología y asistencia técnica para enfrentar a los cárteles. Aunque esta iniciativa ha sido criticada por sus resultados limitados, representa un enfoque más respetuoso de la soberanía mexicana que una intervención unilateral.
Las declaraciones del Presidente Trump de designar a los cárteles mexicanos como “terroristas” y las posibles acciones que derivarían de ello representan un desafío para la soberanía de México y la estabilidad de las relaciones internacionales. Aunque el narcotráfico es un problema complejo que requiere la colaboración de ambas naciones, cualquier solución debe respetar los principios fundamentales del derecho internacional, especialmente la soberanía y la autodeterminación de los Estados.
Es crucial que ambos países trabajen juntos para desarrollar estrategias conjuntas que aborden las raíces del problema, como la demanda de drogas, el tráfico de armas y la debilidad institucional, en lugar de recurrir a medidas unilaterales que podrían generar más problemas que soluciones. Solo a través de la cooperación y el respeto mutuo podrán enfrentarse de manera efectiva los desafíos compartidos que plantea el narcotráfico.
M. D. Leonardo Abarca Jiménez
Socio Director de Grupo Uno Abogados
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