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Editorial

La expulsión ilegal de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, un atentado contra el marco jurídico mexicano

Por Dr. Leonardo Abarca Jiménez | miércoles, 5 de marzo de 2025

EMX-La expulsión ilegal de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, un atentado contra el marco jurídico mexicano

El reciente caso de la expulsión de 29 narcotraficantes de México a Estados Unidos sin el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos en la Constitución y las leyes mexicanas representa una grave violación al marco jurídico nacional.


La extradición es el procedimiento legal mediante el cual un Estado entrega a una persona a otro Estado para que sea juzgada o cumpla una condena impuesta por tribunales extranjeros.

En México, este proceso está regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Extradición Internacional y los tratados internacionales suscritos por el país.

En el plano legal, de acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Mexicana, la extradición de personas debe realizarse conforme a los tratados internacionales y, en su defecto, con base en la reciprocidad y la ley. Asimismo, la Ley de Extradición Internacional establece que la entrega de una persona a un gobierno extranjero requiere un proceso judicial en el que se respeten las garantías del debido proceso, incluyendo la intervención del Poder Judicial de la Federación y la autorización del Ejecutivo.

Sin embargo, en el caso de los 29 narcotraficantes expulsados, no se siguió este procedimiento. En lugar de solicitar su extradición conforme a la ley, el gobierno mexicano simplemente los expulsó del país, vulnerando con ello sus derechos procesales y rompiendo con la obligación del Estado de garantizar un juicio justo antes de entregar a cualquier persona a una jurisdicción extranjera. En este punto, quisiera enfatizar que este proceso debe seguirse para cualquier persona, más allá de que sea un narcotraficante. Lo preocupante no es que se entregue a un narcotraficante a un gobierno extranjero, sino que el gobierno mexicano no respete el Estado de derecho, dejando con ello un antecedente muy negativo.

La expulsión de estos individuos no solo quebrantó las disposiciones legales sobre extradición, sino que también vulneró principios fundamentales del derecho mexicano y del derecho internacional:

Violación al principio de legalidad: toda acción del Estado debe estar fundamentada en la ley. En este caso, no existió un sustento legal para expulsar a los detenidos sin un procedimiento de extradición formal.
Falta de debido proceso: al no someter a los acusados a un juicio de extradición, se les privó del derecho a defenderse en los tribunales mexicanos y de impugnar su entrega a otro país.
Peligroso precedente para la soberanía nacional: al permitir la entrega de ciudadanos mexicanos a otro país sin cumplir con las leyes mexicanas, el gobierno establece un precedente en el que la soberanía nacional queda subordinada a intereses políticos y comerciales.
La decisión del gobierno mexicano de expulsar a los narcotraficantes sin seguir el procedimiento legal parece estar motivada por razones políticas y económicas, más que por un verdadero compromiso con la justicia. Desde hace años, Estados Unidos ha ejercido una fuerte presión sobre México para que colabore más activamente en el combate al narcotráfico. En diversas ocasiones, funcionarios estadounidenses han manifestado su descontento con lo que consideran una falta de cooperación por parte del gobierno mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga. Incluso, recientemente han insinuado que existe un contubernio entre los cárteles y algunos políticos o el propio gobierno mexicano.

Sin embargo, en este caso, la expulsión parece haber tenido una motivación aún más preocupante: la amenaza de imposición de aranceles comerciales por parte del gobierno estadounidense. Se sabe que en distintos momentos, el gobierno de Estados Unidos ha condicionado acuerdos comerciales a la cooperación en materia de seguridad y migración. Paradójicamente, esta medida no evitó que Estados Unidos impusiera aranceles a productos mexicanos, lo que demuestra que el gobierno mexicano cedió a presiones externas sin obtener ningún beneficio tangible para el país.

La pregunta que en este punto podemos hacernos es: ¿Por qué no se pidió la extradición de los narcotraficantes? Es decir, ¿por qué los expulsaron y no los extraditaron? La respuesta es sencilla: porque Estados Unidos pretende solicitar la pena de muerte en algunos de los juicios penales que iniciará en contra de los narcotraficantes, y en los procesos de extradición la pena de muerte está prohibida, pues la legislación mexicana así lo establece.

A manera de conclusión, podemos afirmar que la expulsión de los 29 narcotraficantes a Estados Unidos sin seguir el procedimiento de extradición establecido en la legislación mexicana representa una grave violación al Estado de derecho y a la soberanía nacional. Este acto, lejos de responder a un genuino interés de hacer justicia, parece haber sido una concesión política para complacer a Estados Unidos en el marco de negociaciones comerciales.

Al permitir que se lleven a cabo expulsiones sin fundamento legal, el gobierno mexicano crea un peligroso precedente que podría ser utilizado en el futuro para justificar acciones arbitrarias contra cualquier persona que se considere “inconveniente” para los intereses políticos o económicos del momento. Es fundamental que se respete el marco jurídico establecido y que las decisiones en materia de seguridad y justicia se tomen con base en la ley y no en presiones externas. Solo así se podrá garantizar un verdadero Estado de derecho y proteger la soberanía de México frente a cualquier intento de injerencia extranjera, más allá de un discurso demagogo y vacío.

Socio Director de Grupo Uno Abogados.
@leoabarca_g1

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