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Editorial

Hablemos de derecho, sin rodeos

Por Redacción | miércoles, 27 de agosto de 2025

EMX-Hablemos de derecho, sin rodeos

Por Priscila Valencia Ortega Redes sociales: @priscilavalenciao


La pregunta sobre si elegir a las y los juzgadores por voto popular se superó. Se hicieron campañas; se ganaron y perdieron elecciones; se pagaron multas, y estamos a menos de una semana de que el llamado “Nuevo Poder Judicial” tome protesta en el Senado de la República. Ahora, como siempre, la pregunta es ¿y qué sigue?

Administrativamente aún quedan muchas dudas: no se sabe en qué juzgado o tribunal las personas ganadoras ejercerán sus funciones o qué va a pasar con el aparato de justicia durante los —al menos— quince días entre la toma de protesta y la adscripción. De lo que sí podemos estar seguros es de que el cambio trae consigo nuevos retos y oportunidades que vale la pena enlistar.

Primero, es importante recordar que la reforma al Poder Judicial se motivó en gran medida por el descontento social con la demora en la resolución de juicios, la falta de eficacia en el cumplimiento de las sentencias y la muchas veces oscura rendición de cuentas; lo que llevó a la creación de un Tribunal de Disciplina encargado exclusivamente de vigilar el trabajo de las y los titulares. Esta situación pone a los juzgadores electos bajo una lupa con mucho más aumento: por un lado, un escrutinio social intenso, derivado de la publicidad de los perfiles propia de una elección popular, y por otro, una revisión judicial meticulosa del órgano disciplinario. Todo esto, con un aumento en las cargas de trabajo, según lo anunciado recientemente por la Suprema Corte. Es decir, se deben alcanzar mayores objetivos con el mismo capital.

Segundo, al ser pioneros en este cambio institucional, quienes integren el Poder Judicial a partir del próximo mes tienen el enorme reto de ir conociendo las nuevas reglas, mientras instauran una nueva forma de impartir justicia (tan anunciada por ellos mismos en sus campañas). No hablo de una curva de aprendizaje, claramente inaceptable al momento de impartir justicia como titular. Hablamos de una doble labor que deberá ser ejercida con un márgen de error consierablemente menor al que se tenía antes, pues si la reforma judicial nació para enmendar un sistema podrido, corresponde a las y los juzgadores electos demostrar que ya no está descompuesto.

Pero todo reto viene con una oportunidad de mejora. Aunque los cambios generan resistencia, la renovación de la mitad de las personas titulares permite inyectar al Poder Judicial con nuevas ideas, nuevas motivaciones y nuevas perspectivas de justicia. Quienes hicieron campaña de calle tienen el deber de llevar lo aprendido al escritorio y sus equipos: “¿qué demandaba la gente en mis recorridos?, ¿qué puedo seguir haciendo para que se sientan escuchados?, ¿cómo puedo mejorar el trato de mi personal para que la ciudadanía se sienta parte del sistema de justicia?”. Quienes vienen de fuera del Poder Judicial, el deber de cambiar todo aquello de lo que en su momento se quejaron al litigar.

Por su parte, los titulares elegidos bajo el sistema de carrera judicial deben generar espacios de integración y colaboración con el nuevo personal, concientes de que no existen juzgadores de primera y segunda categoría, sino simplemente personas elegidas bajo un sistema u otro. En la misma línea, las y los nuevos juzgadores tienen la responsabilidad de buscar la unión con los equipos que ya existen en los juzgados y tribunales, no solo porque deben respetar sus derechos laborales, sino porque el éxito de su función depende de que cada operador a su cargo tenga las condiciones necesarias para desarrollar su oficio, como la certidumbre de que no serán removidos injustificadamente. No podemos ignorar que la intención de la reforma judicial fue mejorar la institución jurisdiccional a través de sus titulares, no despojar de sus empleos a todo el personal ni desconocer la enorme capacidad que poseen.

Además, el acercamiento entre el Poder Judicial y la ciudadanía no puede quedar como una experiencia de campaña; ahora es parte fundamental del ejercicio de cualquier titularidad jurisdiccional. La población demanda ser y sentirse escuchada, tomada en cuenta y respetada. Esto va desde mejorar el trato del personal de los órganos de justicia hacia los usuarios del sistema, hasta la atención que los jueces y magistrados brinden a todo aquél que acuda a su oficina. Incluso alcanza, me atrevo a decir, para seguir saliendo a las calles a platicar con las personas en carácter de jueces y magistrados, porque si algo nos demostró esta elección, es que muchas veces lo único que necesita un justiciable es sentirse escuchado, y que lo que más necesitan los juzgadores es escuchar.

Finalmente, si bien la comunicación oficial dependerá del nuevo Órgano de Administración de Justicia, la apertura de redes sociales también puede servir como puente para seguir en contacto con la ciudadanía y romper definitivamente con la imagen del juez inalcanzable. Informar sobre actividades jurisdiccionales o derechos de las personas, mejora no solo la percepción de justicia, sino el derecho mismo de acceso a la justicia, pues solo puede exigirse aquello que se conoce. Sostener ese contacto incluso permite humanizar la labor jurisdiccional tanto como cualquier otra, lo que, en medio de esta revolución institucional, viene más que necesario.

Sin duda habrá más retos y oportunidades por venir. En dónde pintamos la raya y qué podemos exigir de los nuevos titulares lo iremos descubriendo sobre la marcha. Por ahora, propongo empezar por estos puntos.

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