Editorial

Esto sucede a pesar de la existencia de leyes y tratados internacionales que reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser tratados con respeto, a vivir libres de cualquier forma de discriminación y a gozar de un trato digno. Sin embargo, la brecha entre lo que establecen las normas y la realidad cotidiana sigue siendo profunda.

De acuerdo con informes de UNICEF, la discriminación infantil puede tener múltiples causas, entre ellas el origen étnico, el idioma, la religión o la condición socioeconómica. A ello se suman factores como la discapacidad, el género o la apariencia física. En este último caso, la obesidad infantil se ha convertido en uno de los motivos más frecuentes de exclusión, generando burlas, desprecio y un profundo daño emocional en los menores que la padecen.

Un texto de la Organización Mundial de la Salud, publicado el 7 de mayo de 2025, señala que en 2024, 35 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso. Añade la OMS que “la obesidad en la infancia tiene consecuencias psicosociales adversas; afecta el rendimiento escolar y la calidad de vida, a lo que se suman la estigmatización, la discriminación y la intimidación”.

Por lo antes expuesto, combatir la discriminación infantil es una responsabilidad compartida por todos los sectores de la sociedad. Ello exige no solo la aplicación efectiva de las leyes, sino también la promoción de una cultura de respeto, empatía e inclusión, que debe comenzar en el hogar y extenderse a las escuelas, las comunidades y los medios de comunicación. Solo así será posible garantizar una infancia plena y libre de prejuicios.

Erradicar esta irracional forma de violencia no debe ser solo una aspiración moral, sino una obligación colectiva. Promover el respeto a la diversidad y garantizar espacios seguros para los niños son pasos urgentes si aspiramos a construir un futuro más justo e inclusivo.