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Niega “Napo” Aguirre acusaciones de soborno de ex alcaldesa de Tijuana
Por Redacción | jueves, 22 de octubre de 2026
Tras los señalamientos de la ex alcaldesa respecto a supuestos ofrecimientos económicos, el edil rechazó tajantemente las declaraciones y defendió los trabajos de movilidad.
TIJUANA.— La confrontación política en torno al manejo financiero y los juicios vinculados al Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) escaló, luego de que la ex alcaldesa de la ciudad emitiera un severo posicionamiento público sobre los recientes acuerdos del Cabildo y lanzara acusaciones directas contra integrantes de la actual administración.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la ex mandataria local cuestionó las consideraciones adoptadas por los ediles para resolver los litigios con las empresas operadoras, advirtiendo sobre un presunto daño patrimonial para las finanzas del municipio y señalando supuestos ofrecimientos monetarios para frenar los procesos legales.
En respuesta a dichos señalamientos, el regidor Arturo Aguirre González, rechazó de manera categórica las acusaciones en su contra, calificándolas de falsas y aclarando que los tiempos y las circunstancias legales descritas no coinciden con la realidad institucional.
“La verdad y lo lamento mucho porque yo siempre me he dirigido con todo respeto hacía la persona que ella es y pues lo que dice, nada de eso es verdad, no es cierto. Es una situación que no pasó, jamás, jamás, jamás en mi persona ha sucedido algo de yo hacer un ofrecimiento de esa índole, jamás... Tan no es así porque hay que recordar que la demanda entra en el 2023, entonces en ese tiempo pues todavía no existía una demanda. Ella y yo no teníamos relación como para que yo le dijera, oye, ayúdame” explicó el edil municipal.
Asimismo, el regidor puntualizó que su salida del Consejo de Administración ocurrió en el año 2022, por lo que desmintió cualquier vínculo con los procesos legales señalados por la ex funcionaria municipal, quien a su vez exigió la intervención directa del Congreso del Estado para revisar el dictamen y evitar un presunto desfalco al erario.