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TIJUANA.- La inteligencia artificial es el nuevo desafío para la protección de los derechos humanos, ante el riesgo de que sus aplicaciones sean utilizadas para discriminar, vulnerar garantías individuales y reproducir prácticas de abuso, incluso desde instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

La preocupación fue puesta sobre la mesa durante la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), cuyo propósito es fortalecer la protección de los derechos fundamentales en la función policial y promover estrategias de prevención del delito, además de anticipar el uso de la inteligencia artificial (IA) como una posible herramienta para violar los derechos de las personas.

El presidente del CCSPBC, Edgardo Flores Campbell, destacó la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la opacidad como elementos indispensables para fortalecer las instituciones y garantizar que las acciones de seguridad estén sujetas al escrutinio público.

Durante su intervención, hizo énfasis en el papel de los medios de comunicación como actores fundamentales para exigir cuentas a las autoridades y evitar prácticas que pretendan limitar la crítica pública.

“Apelo a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate a la opacidad y el factor elemental para que suceda es los medios de comunicación”, expresó.

Por su parte, el presidente de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, advirtió que uno de los principales retos actuales para la defensa de las garantías individuales es precisamente el uso de la inteligencia artificial, debido a que sus aplicaciones pueden convertirse en mecanismos de discriminación y vulneración de derechos.

“Estamos preocupados, pero hay que ocuparnos. La inteligencia artificial está vulnerando derechos humanos a nivel internacional, está discriminando”, señaló.

Ante este escenario, consideró indispensable establecer canales de comunicación y coordinación entre ambas instituciones para anticiparse a los riesgos que representa el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías.

El convenio contempla establecer mecanismos para garantizar que las acciones y estrategias de seguridad pública en Baja California se desarrollen con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos fundamentales.

También incluye programas de capacitación, talleres y actividades de sensibilización dirigidos a servidores públicos y elementos de las corporaciones policiales, con el propósito de fortalecer su actuación bajo principios de legalidad, profesionalismo y respeto a la dignidad humana.

Otro de los ejes será impulsar la participación ciudadana, la cultura de la denuncia y la no discriminación, además de generar mecanismos de coordinación para identificar y atender las causas estructurales de la violencia y la criminalidad.

Con este acuerdo, ambas instituciones buscan formalizar una colaboración que permita responder no solamente a los desafíos tradicionales de seguridad pública, sino también a las nuevas amenazas que surgen del uso de tecnologías como la inteligencia artificial, cuyo desarrollo exige controles, transparencia y supervisión para evitar que la innovación termine convirtiéndose en una herramienta de vulneración de derechos.