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Policiaca | martes 17 de noviembre
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Por Mauricio Higuera | martes, 17 de noviembre de 2026
Tras un año de análisis y recopilación de testimonios
MEXICALI.- Baja California podría convertirse en una de las primeras entidades del país en reconocer penalmente la persuasión coercitiva, una forma de manipulación psicológica que, según especialistas y víctimas, opera de manera silenciosa dentro de relaciones de poder y puede anular la capacidad de decisión de las personas.
La iniciativa, presentada en el Congreso del Estado por la diputada Michel Sánchez Allende, busca, tras más de un año de análisis y recopilación de testimonios, llenar un vacío legal frente a conductas que actualmente son difíciles de perseguir, pese a las afectaciones emocionales, económicas y sociales que pueden generar en las víctimas.
Allende comentó que el proyecto nació después de identificar patrones repetitivos en distintos relatos de personas que aseguraron haber sido sometidas a mecanismos de control dentro de entornos religiosos, laborales, terapéuticos y familiares.
“Hay violencias que no dejan golpes ni marcas visibles, pero afectan profundamente la autonomía de las personas y su capacidad para tomar decisiones libres”, señaló.
La propuesta plantea castigar la persuasión coercitiva con penas de tres a siete años de prisión, además de multas y agravantes cuando los hechos sean cometidos por funcionarios públicos, líderes religiosos, terapeutas, empleadores o cualquier persona que aproveche una posición de autoridad o confianza.
Uno de los elementos centrales de la reforma es reconocer que la violencia psicológica puede manifestarse sin agresiones físicas, pero mediante estrategias sistemáticas de manipulación, dependencia emocional, aislamiento, presión constante o control sobre las decisiones de la víctima.
Para construir la iniciativa, el equipo legislativo organizó foros con víctimas y especialistas de distintas partes del país, además de contar con la asesoría del abogado español Carlos Bardavío, quien ha participado en procesos judiciales relacionados con denuncias de manipulación psicológica dentro de organizaciones religiosas en España.
La legisladora subrayó que el objetivo no es criminalizar creencias religiosas ni actividades de grupos específicos, sino sancionar conductas que utilicen la fe, el afecto, la confianza o la autoridad para someter a otras personas.
La propuesta también contempla protección reforzada para sectores considerados vulnerables, entre ellos menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad y migrantes, grupos que pueden enfrentar mayores riesgos frente a dinámicas de control o dependencia.
Durante la presentación de la reforma, Julia Redillaga, quien se identificó como sobreviviente de violencia vicaria y persuasión coercitiva dentro de la organización religiosa de los Testigos de Jehová, compartió su experiencia.
Relató que nació dentro de dicha congregación y que durante años no identificó las conductas que vivía como violencia debido a que formaban parte de su entorno cotidiano.
Según explicó, sufrió violencia por parte de su entonces pareja y, cuando buscó apoyo entre líderes religiosos, recibió recomendaciones para permanecer en la relación.
“Me decían que como mujer debía aguantar porque él era mi cabeza. Durante mucho tiempo permanecí en esa situación hasta que en 2018 intenté quitarme la vida”, narró.
Redillaga afirmó que, tras iniciar tratamiento psiquiátrico y obtener mayor claridad sobre su situación, comprendió que los hechos que vivía no eran normales. Sin embargo, señaló que el temor a ser expulsada de la congregación y perder vínculos familiares y comunitarios retrasó su salida.
La sobreviviente aseguró que, cuando decidió separarse de su agresor, integrantes de la congregación acudían frecuentemente a su domicilio para persuadirla de regresar con él, argumentando principios religiosos relacionados con el perdón y la obediencia.
“Muchas personas creemos que estamos tomando decisiones libremente, pero no nos damos cuenta de que existen patrones repetitivos de presión, indicaciones y amenazas disfrazadas de amor que terminan condicionando nuestra conducta”, expresó.
Añadió que durante años evitó denunciar los hechos porque consideraba que hacerlo afectaría la imagen de la organización religiosa, lo que, afirmó, limitó la posibilidad de perseguir otros posibles delitos.
Finalmente, indicó que fue hasta conocer casos similares en España cuando identificó que otras personas habían atravesado experiencias parecidas y comenzaron procesos legales contra la organización, señalando prácticas que permitieron la comisión de abusos por parte de algunos integrantes.