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Por Hilario Ochoa Movis | viernes, 16 de julio de 2021
José Sergio Soto García aseguró que el gobierno estatal no está violando ley alguna con préstamos solicitados a los ayuntamientos. ( Foto: Juan BARRERA/el mexicano)
TIJUANA.- El presidente del Instituto Profesional de la Contaduría Pública de México (IPCP MX), José Sergio Soto García, aseguró que el gobierno estatal no está violando ley alguna con préstamos solicitados a los ayuntamientos.
“No existe irregularidad alguna en este procedimiento”, indicó el especialista.
En días recientes, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, pidió 414 millones de pesos a los ayuntamientos de Tijuana y Playas de Rosarito para poder pagar los créditos contratados a corto plazo, responder a la solicitud de incremento salarial de los burócratas y pagar las nóminas del magisterio en semanas próximas.
"No existe violación a ninguna ley aplicable, mucho menos irregularidad en el convenio realizado entre municipios y estado, en relación al apoyo solidario de préstamo", sostuvo el Soto García.
El ex auditor superior del Estado indicó que la intención del gobernador, a través de la Secretaría de Hacienda, es cubrir estos préstamos a más tardar el 31 de julio del 2021, es decir, antes de que termine la administración estatal actual.
En ese sentido, se habla de que dichos recursos podrían ser pagados en especie a través de obras de infraestructura o bienes que requieran dichas ciudades.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda del Estado, se solicitó al Ayuntamiento de Playas de Rosarito un préstamo por 34 millones de pesos, mientras que al municipio de Tijuana pidieron 380 millones de pesos.
Incluso el propio gobernador Bonilla Valdez aseguró que no debe haber preocupación, ya que se trata solo de un manejo de flujo de efectivo y que los ayuntamientos estarán en pleno derecho de pedir el pago que se les garantiza, aunque no necesariamente con dinero sino en especie.
Asimismo, señala que los colegios y organismos empresariales pueden estar seguros de que dichos préstamos serán cubiertos por los ayuntamientos.