Estatal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Molina García, subrayó que la intención es garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Aunque el legislador aseguró que cada partida cuenta con justificación documental, reconoció que el gasto social ha sido cuestionado por la falta de información sobre su aplicación. En ese sentido, planteó la necesidad de que los diputados presenten su declaración patrimonial como obligación permanente, accesible a la ciudadanía.

Molina recordó que en la 21 legislatura se logró una reducción de 140 millones de pesos en el presupuesto del Congreso, además de la disminución de salarios de los diputados y la incorporación del pago de impuestos, medidas que marcaron un precedente en materia de austeridad. 

También destacó que el número de asesores y personal de apoyo no se incrementó en aquel periodo.

El legislador rechazó que exista un aumento indiscriminado de plazas, aclarando que las bases solo se otorgan en casos de fallecimiento o jubilación, previa propuesta del sindicato. Asimismo, adelantó que se revisarán las compensaciones que reciben los empleados del poder legislativo.