Estatal

El Poder Judicial de Baja California analiza la posibilidad de asegurar, por ley, un porcentaje fijo del presupuesto estatal destinado a su operación. La intención es evitar que la justicia dependa cada año de negociaciones políticas y garantizar recursos suficientes pues la carga de trabajo crece año con año.

El magistrado presidente del Poder Judicial de Baja California (PJBC), Alejandro Isaac Fragoso López, explicó que se trata de un análisis interno pues otras entidades del país donde el presupuesto judicial está protegido constitucionalmente por ley.

En la actualidad el PJBC recibe alrededor del 2.01 por ciento del presupuesto estatal. Con ese recurso —dice— se ha logrado ampliar la infraestructura y casi duplicar el número de órganos jurisdiccionales en los últimos años. Pero el reto que viene con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Baja California, podría rebasar esa capacidad.

La transición hacia el sistema de justicia oral no solo implica cambiar la forma de juzgar; también exige salas especializadas, tecnología, capacitación constante y más personal.

El modelo que inicio operaciones el pasado 20 de marzo en Playas de Rosarito, continuará su expansión en Tecate y Ensenada durante este 2026. Sin embargo, el verdadero desafío está en ciudades como Mexicali y Tijuana, donde la carga judicial es mucho mayor por la densidad poblacional, con más casos, más audiencias y más ciudadanos esperando una resolución.

Señaló el Poder Judicial que se tiene respaldo del Ejecutivo estatal, aun no hay una iniciativa formal en el Congreso Local.