Estatal

La propuesta busca eliminar el esquema actual donde la primera detección sin daños solo deriva en una sanción administrativa. De aprobarse, desde la primera vez el conductor podría enfrentar consecuencias penales como multas y suspensión temporal de la licencia.

Además, la iniciativa incorpora parámetros específicos de alcohol en sangre y aire espirado conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como agravantes que aumentarían las penas en determinados casos.

El legislador del PVEM sostuvo que la seguridad vial debe tratarse como un asunto de derechos humanos y no únicamente de tránsito.

“La seguridad vial no es solamente un problema de tránsito, es un problema de derechos humanos. Cada muerte en las vialidades de Baja California es una vulneración del derecho a la vida”, expresó.

La reforma también contempla adicionar el artículo 255 Bis para castigar como delito autónomo la conducción a velocidad excesiva, aun cuando no exista un accidente. Las sanciones incluirían multas, suspensión del derecho a conducir e incluso prisión en casos agravados.

Las cifras que respaldan la propuesta reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2022, en Baja California se contabilizaron durante 2021 un total de 13 mil 749 siniestros viales, con saldo de 264 personas fallecidas y 3 mil 405 lesionadas, principalmente en municipios como Tijuana, Mexicali y Ensenada.

La iniciativa revive un debate incómodo para las autoridades: el de una cultura vial marcada por la impunidad, donde conducir alcoholizado muchas veces termina en tragedia solo hasta que alguien pierde la vida.