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Sin campañas en BC para frenar manejo alcoholizado pese al aumento de accidentes
Por Ana Lilia Ramírez | martes, 26 de mayo de 2026
Baja California se mantiene entre los estados con más muertes y accidentes viales, mientras autoridades apuestan más al castigo que a la concientización
TIJUANA.— Aunque en Baja California ya fue aprobada una reforma para imponer prisión preventiva oficiosa a conductores ebrios que maten a una persona, en el estado continúan siendo mínimas las campañas permanentes para prevenir que ciudadanos manejen bajo los influjos del alcohol.
La diputada Evelyn Sánchez informó que el pasado 20 de mayo el Congreso local aprobó modificaciones legales para endurecer las sanciones contra automovilistas alcoholizados involucrados en accidentes fatales.
Con la reforma, quienes provoquen la muerte de otra persona mientras conducen ebrios enfrentarán penas de entre ocho y 15 años de prisión, además de prisión preventiva oficiosa durante todo el proceso judicial y agravantes por exceso de velocidad, abandono de víctimas o reincidencia.
Sin embargo, colectivos ciudadanos y familiares de víctimas cuestionan que las autoridades mantengan una estrategia enfocada casi exclusivamente en el castigo posterior al accidente y no en evitar que ocurra.
En Baja California los accidentes relacionados con alcohol y exceso de velocidad continúan cobrando vidas cada año. Tan solo en 2025 se reportaron 349 muertes por accidentes de tránsito en la entidad, principalmente en Tijuana y Mexicali.
Además, Baja California llegó a ocupar el primer lugar nacional en tasa de muertes por accidentes, de acuerdo con estadísticas del INEGI publicadas en 2023.
En el caso de Tijuana, la ciudad también ha sido señalada anteriormente por ocupar el primer lugar nacional en muertes por atropellamientos.
Pese a ello, ciudadanos señalan que las campañas de concientización suelen aparecer únicamente en periodos vacacionales o fechas festivas, mientras el resto del año prácticamente desaparecen de las calles, escuelas y medios de comunicación.
Organizaciones civiles han insistido en que el alcoholímetro, operativos y sanciones penales son insuficientes si no van acompañados de educación vial constante y programas preventivos dirigidos especialmente a jóvenes.
La preocupación aumenta porque muchos de los casos fatales involucran atropellamientos, exceso de velocidad y conductores bajo los influjos del alcohol o drogas, una combinación que continúa repitiéndose en vialidades de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Mientras las penas aumentan en el Código Penal, familias de víctimas sostienen que el problema seguirá creciendo si el Estado no invierte también en campañas permanentes que cambien la cultura de normalizar manejar después de beber.