Mexicali

Guillermo Rivera, integrante del despacho De la Peña y Rivera, señaló que el protocolo no contempla las distintas realidades socioeducativas de las escuelas, carece de asignación presupuestal, no delimita responsabilidades jurídicas según el tipo de riesgo, ni establece criterios claros para actuar cuando el infractor es menor de edad.

“El documento amplía el número de normas y herramientas, pero sigue repitiendo riesgos identificados desde 2022 sin una revisión operativa diferenciada”, precisó el litigante, quien además planteó que los riesgos escolares podrían agruparse en cinco tipologías: psicosociales, estructurales, ambientales, interpersonales y jurisdiccionales.

Rivera criticó la falta de regulación sobre la participación de madres, padres y consejos escolares, cuya intervención se plantea sin respaldo legal ni definición institucional, lo que podría derivar en carga funcional ambigua.

Desde su perspectiva, Baja California debe tomar una decisión legislativa de fondo: replicar modelos como la Ley PROTEM de Morelos o reformar integralmente su marco jurídico educativo. “No se puede avanzar en la seguridad de la niñez ni en la protección del magisterio sin involucrar a todos los actores ni sin reconocer la fractura del sistema”, advirtió.