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PIDE CONGRESO DE BC RESPETO A DERECHOS LABORALES DE POLICÍAS EN SAN QUINTÍN
Por Mauricio Higuera | domingo, 14 de septiembre de 2025
Los policías enfrentan un calvario burocrático que los mantiene sin acceso a su pensión
MEXICALI La Diputada María Yolanda Gaona Medina, presentó un exhorto dirigido a la presidenta municipal de San Quintín Mirian Cano Núñez para que instruya a las autoridades municipales correspondientes, a que se respeten los derechos laborales de los agentes de policía en retiro.
En un primer punto, se solicitó a la alcaldesa a instruir al Director de Seguridad Ciudadana Alberto Sarabia para que, a más tardar al día siguiente de la notificación del presente exhorto, remita a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento la lista de los que cumplen con los requisitos normativos previstos.
De igual forma, que se lleve a cabo una auditoría interna en relación con los procedimientos de retiro y pago de prestaciones del personal de seguridad pública en los últimos cinco años. Lo anterior tendiente a detectar irregularidades, omisiones o dilaciones indebidas y se informen los resultados a este Congreso.
Además, propuso que se instruya a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento, Brenda Sepúlveda a que en un plazo que no exceda de cinco días a partir de la recepción de la lista, resuelva la procedencia del otorgamiento del haber de retiro y se expidan sin demora las cartas de liberación de servicios, y cualquier otro documento necesario para que los policías jubilados concluyan sus trámites de pensión ante el IMSS.
En su exposición de motivos, Mayola Gaona mencionó que los policías jubilados de San Quintín reclaman lo que en derecho les corresponde, debido a que después de haber entregado más de 20 y hasta 30 años al servicio de la seguridad municipal, enfrentan un calvario burocrático que los mantiene sin acceso a su pensión.
Dijo que han transcurrido más de tres años desde que los elementos presentaron sus solicitudes, sin que se haya remitido hasta el momento su expediente a Oficialía Mayor, dicho retraso constituye una dilación administrativa injustificada, que vulnera los derechos de los policías jubilados y exhibe una falta de respeto a la legalidad y a la dignidad de quienes han servido a la sociedad.