Mexicali

La propuesta busca cerrar brechas normativas y operativas en el sistema de seguridad pública, al reconocer que la violencia no es un fenómeno aislado, sino una problemática estructural que impacta de forma diferenciada a mujeres, niñas y grupos en situación de vulnerabilidad. La iniciativa se sustenta en la reforma constitucional federal en materia de igualdad sustantiva y erradicación de la violencia de género, aprobada en 2024 y homologada por el Congreso local en 2025.

“La seguridad ciudadana no puede seguir operando bajo esquemas neutros que invisibilizan las desigualdades. Esta reforma obliga a las instituciones a asumir su responsabilidad en la prevención, atención y reparación de las violencias con enfoque de derechos humanos”, señaló la legisladora.

La iniciativa plantea que las corporaciones de seguridad pública deberán diseñar y ejecutar programas que atiendan las causas estructurales de la violencia, promuevan la cultura de paz y garanticen respuestas institucionales adecuadas para las víctimas. Esto implica una reconfiguración de los marcos de actuación, protocolos de atención y criterios de evaluación en las dependencias encargadas de la seguridad.

Alejandra Ang subrayó que la inclusión de la perspectiva de género no es una medida simbólica, sino una exigencia institucional para que las políticas públicas respondan con eficacia a las realidades que enfrentan las mujeres y niñas en contextos de inseguridad. “No se trata solo de reconocer la violencia, sino de transformar las condiciones que la perpetúan”, afirmó.

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis, en un contexto donde la seguridad pública enfrenta cuestionamientos por su falta de capacidad para atender las violencias de género de manera integral. La reforma busca posicionar a Baja California como una entidad que articula su sistema de seguridad con los principios de igualdad, legalidad y justicia.