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Presenta diputado solicitud ante el Congreso para investigar irregularidades sobre camiones del transporte público
Por Mauricio Higuera | lunes, 26 de enero de 2026
Las unidades fueron utilizadas durante la serie del Caribe
MEXICALI.- El diputado Diego Echevarría presentó una solicitud ante el Congreso del Estado para que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno investigue los presuntos actos de corrupción relacionados con la entrega de los camiones adquiridos para la Serie del Caribe, mismos que actualmente operan en rutas del transporte público bajo esquemas sin sustento legal.
El legislador recordó que fue en noviembre pasado, durante la comparecencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable a la que acudió el Director del IMOS Sergio Topete Gutiérrez , cuando cuestionó públicamente bajo qué figura jurídica se encontraban operando los 25 camiones adquiridos por el Gobierno del Estado por un monto aproximado de 75 millones de pesos, es decir, 3 millones de pesos por unidad, y que actualmente circulan en las rutas Robledo y Eje.
En dicha comparecencia, el funcionario reconoció que las unidades fueron entregadas a tres concesionarios mediante un supuesto convenio “a riesgo”, esquema que no existe en la legislación vigente, y mediante el cual el Gobierno del Estado compró los camiones, paga el seguro, las placas y hasta el mantenimiento, mientras que los concesionarios únicamente aportan al chofer, pero siguen cobrando la tarifa completa de 21 pesos a los usuarios.
En ese sentido, el congresista calificó este esquema como absurdo, ilegal e indignante, al señalar que todo se paga con recurso público, pero el negocio queda en manos privadas.
“Son camiones comprados con dinero de la gente; se pagan sus placas, su seguro y su mantenimiento con dinero público, pero quien cobra y hace negocio es el concesionario. Esto no tiene lógica, no tiene sustento legal y huele a corrupción”, enfatizó.
El diputado informó que dará seguimiento puntual a la investigación y exigió que se deslinden responsabilidades, se sancione a quien resulte responsable y se ponga fin al uso del dinero público para beneficiar intereses privados.