Mexicali

Especialistas como el abogado en temas fiscales Jaime Dávila Galván, explicó que los procesos de defensa pueden extenderse hasta tres años, tiempo en el cual las cuentas permanecen bloqueadas. “El problema no es solo jurídico, sino económico: una empresa puede quebrar si no tiene liquidez para pagar nómina o proveedores”, señaló.

En ese sentido, manifestó que la medida puede tener un impacto directo en la vida cotidiana y en la operación de negocios, al dejar a personas y compañías sin acceso inmediato a sus recursos financieros durante largos periodos.

Organismos empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California, consideran que la decisión representa un retroceso en materia de derechos fundamentales, al debilitar la presunción de inocencia y el debido proceso.

Su presidente, Octavio Sandoval López, advirtió que el fallo podría ser llevado a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Es la consecuencia de tener ministros del bienestar y que no ponen a la persona como el centro de la justicia, sino que representan al gobierno y dejan de ser independientes autónomos, es donde se ve la afectación que tienen los ciudadanos cuando los ministros no tienen independencia autonomía y actúan por consigna”.