Mexicali

MEXICALI.- Trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que pertenecen al Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza se manifestaron este lunes en las instalaciones de la paraestatal, ubicada en el Centro Cívico de Mexicali, para exigir la suspensión de reducciones a sus pensiones y el respeto a los derechos adquiridos en el contrato de trabajo, tras la aprobación de la reforma al artículo 127 constitucional relativo a las llamadas "pensiones doradas".

Los asistentes portaban cartulinas con la palabra “justicia”, además de mensajes con reclamos por la aplicación de la reforma.

Gloria Bermejo, una de las trabajadoras afectadas, explicó que la aplicación de la reforma ya provocó recortes de hasta 60% en el monto de sus pensiones, cuyo impacto es directo en la estabilidad económica, la salud y las condiciones de vida de miles de adultos mayores.

“Tenemos que salir a la calle a defender lo que es nuestro. Teníamos la certeza jurídica de que nuestro contrato nos iba a retribuir todo el esfuerzo que hicimos; lo tenemos firmado ante todas las leyes con años de anticipación, trabajando con una pasión para darle luz a la gente. De repente, con uno o dos años de jubilados, la empresa rompe un contrato que nos cubría hasta la muerte por una preocupación que eran salarios muy altos de personas que ganaban millones mensualmente. ¿Por qué no auditaron todas las pensiones y vieron cuáles verdaderamente eran legales? En lugar de eso, modifican la constitución de forma expedita, sin socialización ni mesas de trabajo”, manifestó.

Bermejo comentó que entre las principales demandas que solicitan está la eliminación de la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional, suspender la reducción de pensiones y reintegrar las cantidades ya descontadas, además de instalar una mesa de diálogo inmediata con el gobierno federal y representantes de los jubilados para revisar el impacto social, económico y jurídico de la medida.

También hicieron un llamado al Congreso de la Unión y a los congresos estatales para garantizar la certeza jurídica y respetar el principio de no retroactividad.