Mexicali

MEXICALI.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, Octavio Sandoval López, lamentó que el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro “N”, y varios agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) estén acusados de participar en los delitos de desaparición forzada y asociación delictuosa.

El líder empresarial calificó la situación como grave, al señalar que se trata de personas encargadas de preservar la seguridad en la ciudad. Consideró que estos hechos incrementan la percepción de inseguridad y la desconfianza de la ciudadanía hacia la corporación policiaca.

Asimismo, pidió que la audiencia en la que participa el exfuncionario no se convierta en un "circo mediático" y sostuvo que debe privilegiarse la justicia para las familias de las personas desaparecidas. Añadió que, si la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con pruebas para sustentar las acusaciones, debe presentarlas para que sea el juez quien determine la responsabilidad de los imputados.

Sandoval López fue enfático al señalar que el Cabildo de Mexicali tiene una alta responsabilidad en la designación de Pedro “N” como director de Seguridad Pública, ya que los regidores aprobaron su nombramiento con el respaldo de la alcaldesa Norma Bustamante Martínez. Agregó que tanto los ediles como el síndico procurador debieron supervisar su desempeño, mientras que el entonces titular de la DSPM tenía la obligación de rendir cuentas sobre su trabajo.

"El señor no se pudo solo, hay personas que lo propusieron y lo nombraron y tenían la obligación de supervisar", expresó.

Ante ello, consideró que el Cabildo debe ofrecer una explicación sobre las presuntas irregularidades detectadas durante la gestión del exdirector de la DSPM. Asimismo, afirmó que la alcaldesa Norma Bustamante también está obligada a informar sobre el tema.

Finalmente, el presidente del CCE propuso aplicar exámenes de control y confianza de manera anual a los directores de las policías municipales, además de incorporar un auditor propuesto por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, quien sea evaluado y rinda cuentas de su trabajo ante el Cabildo.