Mexicali

MEXICALI.- En la zona costa de Baja California prevalece la percepción de que se registran delitos de mayor impacto, declaró el presidente de COPARMEX Mexicali, Ernesto García Manjarrez, luego de que el empresario Jesús Molina fuera privado de su libertad durante aproximadamente un día en Playas de Rosarito.

Tras ser invitado a la reunión semanal del grupo Madrugadores, expresó que “allá sí hay una percepción muy fuerte, una sensación muy fuerte de inseguridad del empresariado, de delitos de alto impacto; allá están viviendo una situación de cobros, de extorsiones, en Mexicali lo vemos un poco distinto, nuestros agremiados nos reportan delitos de menor impacto, como lo es el robo a comercio. Afortunadamente no hemos tenido entre nuestros asociados, cobros de extorsión o de secuestro”.

En ese sentido, precisó la importancia de que las autoridades no bajen la guardia y refuercen la coordinación con los tres órdenes de gobierno, con énfasis en la depuración de malos elementos y la propuesta de establecer un órgano de control interno.

Sin embargo, dijo que es necesario fortalecer la relación con las corporaciones de seguridad pública, sobre todo con las policías municipales, para mantener acciones de prevención y atención a los delitos.

En otro tema, el líder del sector patronal cuestionó que los gobernantes soliciten licencias al cargo para participar en procesos electorales, al considerar que quienes fueron electos para una determinada posición deben cumplir y terminar el periodo para el que fueron designados.

“Nos preocupa muchísimo que hoy en día sigan utilizando la licencia temporal para ir a tentar aguas de su precandidatura y regresar, eso es lo que causa pérdida de enfoque en atender lo que necesitamos los bajacalifornianos. Si se retiran para ir a hacer proselitismo o para buscar una candidatura, que se haga de manera permanente para que la persona que quede en su lugar sepa con qué cuenta y lo aproveche al máximo”, indicó.

Finalmente, Ernesto García Manjarrez comentó que el organismo que representa, al igual que en el resto de los municipios de la entidad, gestiona con diputados federales para que el decreto que establece el IVA en 8 por ciento en la frontera se convierta en ley y genere certidumbre para la clase empresarial, ya que el beneficio termina el próximo 31 de diciembre.

Indicó que la diferencia entre el cobro del gravamen establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de 16 por ciento, y el porcentaje contemplado en el decreto afectaría de manera significativa, al considerar que provocaría una presión inflacionaria.