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El alcalde de Belcastro, en el sur de Italia, emitió recientemente una ordenanza inusual: prohibir a sus habitantes enfermarse gravemente. Con esta acción, Antonio Torchia busca visibilizar la precaria situación sanitaria de su localidad, donde la atención de emergencia es limitada y la población, mayoritariamente anciana, enfrenta serios desafíos de salud.

La medida, de carácter irónico, insta a los vecinos a “evitar contraer cualquier enfermedad y patología que requiera intervención médica” y a no arriesgarse con viajes o deportes. Según Torchia, la clínica de salud del municipio casi nunca abre por las noches o días festivos, y el hospital más cercano, ubicado en Catanzaro, dista unos 45 kilómetros.

Dada la falta de servicios esenciales, el alcalde advierte que “esta situación inaceptable” pone en peligro a los habitantes, el 50% de los cuales superan los 65 años.

Belcastro se ubica en la zona sur de Calabria, una región considerada entre las más pobres de Italia. Conforme a los últimos datos gubernamentales, allí se cuentan alrededor de mil 700 médicos de familia para casi dos millones de personas. Esta escasez crónica provoca que uno de cada cinco calabreses viaje a otras partes del país para recibir tratamiento.

Las autoridades regionales han intentado paliar el problema contratando a cientos de médicos cubanos desde 2022, aunque investigadores estiman que harían falta unos 2 mil 500 profesionales adicionales para ofrecer un servicio apropiado.

“Esto no es sólo una provocación”, declaró Torchia a medios italianos, al tiempo que subrayó que su ordenanza busca llamar la atención del gobierno sobre la urgencia de reforzar la asistencia sanitaria. Añadió que la falta de personal y recursos amenaza la supervivencia de pueblos como Belcastro, cuyos habitantes podrían verse forzados a marcharse en busca de mejores condiciones médicas.

El escenario no es exclusivo de Calabria. Varios expertos señalan que Italia afronta una fuga de cerebros en el ámbito sanitario, con cerca de un millar de médicos que cada año emigran para trabajar en el extranjero. Por su parte, la creciente demanda de atención en las regiones del sur, agravada por el envejecimiento demográfico, incrementa la presión sobre un sistema que ya arrastra deficiencias estructurales.

La ordenanza del alcalde Torchia subraya de manera simbólica el coste humano de la falta de profesionales y de la infraestructura médica deficiente. Según organizaciones especializadas en salud, “prohibir las enfermedades” refleja la desesperación de los líderes locales ante la escasa presencia de ambulancias, la reducción de hospitales y la lentitud en la asignación de personal especializado.

Mientras el debate se intensifica, el mensaje de Belcastro resuena en otras localidades afectadas por carencias similares. Si las autoridades nacionales no aumentan los esfuerzos para proveer servicios esenciales, advierte el alcalde, la población seguirá mermando y corre el riesgo de que sus pueblos “mueran dentro de diez años”.

Por ahora, los vecinos continúan alzando la voz para exigir soluciones. De momento, la ingeniosa prohibición de enfermar se traduce en un firme reclamo: “Queremos médicos, no decretos simbólicos”.

-Con información de Excelsior