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Entre los cargos aceptados por Guzmán López se encuentran conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo desde México hacia Estados Unidos, así como su participación en una empresa criminal continua dentro del Cártel de Sinaloa. El acusado también aceptó colaborar con el gobierno estadounidense en la investigación de operaciones del cartel.

Aunque aún no se ha definido la sentencia, el juez federal Sharon Johnson Coleman estableció una nueva audiencia para el 9 de enero de 2026, fecha en la que se espera se determine la pena final. De acuerdo con la ley estadounidense, algunos de los delitos que enfrenta conllevan una sentencia mínima obligatoria de 10 años, mientras que otros podrían alcanzar cadena perpetua, dependiendo de la cooperación ofrecida por el acusado.

Adicionalmente, el Departamento de Justicia impuso a Guzmán López una sanción económica civil por 80 millones de dólares, monto correspondiente a las ganancias ilícitas atribuibles a sus actividades dentro del cartel.

Este caso marca un momento clave en la ofensiva judicial de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa, al tratarse del primer hijo de “El Chapo” en declararse culpable ante una corte federal. La información que proporcione como testigo podría revelar la estructura interna de la organización y abrir nuevas líneas de investigación.

En México, el caso ha generado críticas desde algunos sectores políticos, cuestionando la contradicción entre los señalamientos de terrorismo contra cárteles y los acuerdos judiciales que permiten sentencias reducidas a sus líderes.