Mundo

El decreto, denominado “Delivering Most-Favored-Nation Prescription Drug Pricing to American Patients”, fue firmado el pasado 12 de mayo, y establece un plazo de 30 días para que las empresas farmacéuticas ajusten sus precios o enfrenten regulaciones más severas.

“Durante años, los estadounidenses han pagado hasta diez veces más por los mismos medicamentos que en Europa o Canadá. Eso se acabó”, declaró Trump durante la firma del decreto en la Casa Blanca.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., fue autorizado para imponer regulaciones inmediatas si no se logra un acuerdo con las farmacéuticas, y se contempla la importación de medicamentos desde países como Canadá, en un esfuerzo por democratizar el acceso a tratamientos esenciales.

Sin embargo, la industria farmacéutica reaccionó con preocupación. Voceros de PhRMA —la principal asociación del sector— advirtieron que la medida podría desalentar la innovación, reducir empleos en el sector y provocar litigios legales.

La orden ejecutiva ha generado expectativas mixtas: mientras que grupos de pacientes y organizaciones de salud la celebran como un paso crucial hacia la equidad en el sistema de salud, analistas advierten que sin un respaldo legislativo firme, su aplicación podría enfrentar obstáculos judiciales, como ocurrió con intentos similares en administraciones anteriores.

Según datos de la RAND Corporation, los estadounidenses pagan en promedio 2.8 veces más que los ciudadanos de otros 33 países desarrollados por los mismos medicamentos.

La implementación y efectos reales de esta política se observarán en las próximas semanas, conforme se cumpla el plazo de negociación con las farmacéuticas y se evalúe su impacto en los precios, el acceso y la sostenibilidad del sistema de salud estadounidense.