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La medida, que buscaba contener manifestaciones contra la corrupción, tuvo un efecto contrario: miles de jóvenes, principalmente de la generación Z, salieron a las calles en rechazo a lo que consideraron un ataque a la libertad de expresión. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, saqueos e incendios de edificios públicos y viviendas de políticos.

De acuerdo con reportes oficiales, los disturbios han dejado al menos 19 personas muertas y más de un centenar de heridos. El aeropuerto internacional de Katmandú quedó bajo control del ejército para evitar mayores desmanes, mientras que se decretó un toque de queda indefinido en la capital y temporal en otras ciudades como Lalitpur.

Tras la escalada de violencia, el gobierno revirtió el veto a las redes sociales y anunció medidas de emergencia que incluyen compensación a las familias de las víctimas, atención médica gratuita a los lesionados y una investigación independiente con plazo de 15 días para esclarecer los hechos.

En su mensaje de renuncia, Oli reconoció que la situación había sobrepasado al gobierno y aseguró que se apartaba del cargo “para facilitar el restablecimiento de la paz social”.

La comunidad internacional ha expresado preocupación por la crisis, mientras que en Nepal persiste un clima de tensión, con la ciudadanía exigiendo transparencia, justicia y un cambio profundo en las instituciones del país.