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CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno Federal no tiene evidencia de que las personas y empresas sancionadas el pasado 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos estén vinculadas con grupos delictivos, pese a los señalamientos de Washington contra una red relacionada con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

La acción estadunidense alcanzó a 21 personas y 25 empresas, entre ellas Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y compañías relacionadas con empresarios de la entidad. Entre las empresas señaladas se encuentra Inteliproof Efficient, vinculada al empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, quien también fue incluido por Estados Unidos en las sanciones. Información publicada después del anuncio señala que la compañía ha prestado servicios a la Fiscalía General de Baja California.

Este vínculo abrió señalamientos sobre si alguna compañía sancionada pudo haber tenido acceso a información sensible o estratégica de autoridades estatales. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum detalló que hasta ahora no hay información pública que permita afirmar que Inteliproof haya obtenido, utilizado indebidamente o comprometido información confidencial.

La mandataria también explicó que, tras la designación de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera revisó la información financiera disponible en México y encontró irregularidades en algunos casos, pero no elementos que permitan establecer una relación con organizaciones criminales.

“En este comunicado, la UIF, lo que dice es que de su revisión, porque hay comunicación, se encuentra que hay irregularidades en estas empresas, pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo, ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo delictivo.”

La presidenta detalló que las irregularidades detectadas por la UIF pueden corresponder a inconsistencias fiscales o financieras, como reportes inadecuados de ingresos y egresos, y explicó que las personas o empresas bloqueadas tienen un periodo para presentar pruebas.

“Entonces, lo que hace la UIF es de todas maneras hace una sanción a las empresas porque encuentra estas irregularidades, se abre un periodo como en cualquier sanción de gobierno para que la persona o las empresas puedan ir a presentar las pruebas y en ese momento, si la UIF encuentra que hay pruebas suficientes, se descongela la cuenta y si no pueden irse a un procedimiento judicial.”

Sheinbaum remarcó que tampoco existe, hasta ahora, evidencia del gabinete de seguridad mexicano que vincule a las personas o empresas sancionadas con algún grupo delictivo.

“Pero no hay ninguna evidencia de acuerdo con la UIF y el gobierno de México, en particular el gabinete de seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculados con algún grupo delictivo”.