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CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un acuerdo político con la gobernadora Maru Campos detrás del proceso judicial contra el exfiscal de Chihuahua y sostuvo que la investigación debe conducirse conforme a la ley, sin negociaciones entre el Gobierno Federal y las autoridades estatales.

“Primero, para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima, incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. Eso lo digo con toda claridad”.

“Hay notas que dicen hoy que yo, ¿cómo dicen? que yo liberé, exoneré a la gobernadora. No, no es mi papel (…) en este caso, pues quién debe determinar como en otros, la propia fiscalía. No depende de mi exonerar a una persona o a otra. Es una decisión de la fiscalía. Y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal, sino de la propia investigación”.

Durante su conferencia de este martes, la mandataria explicó que la investigación se originó tras conocerse la participación de dos agentes del Gobierno de Estados Unidos que fallecieron en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara y que habían acompañado a autoridades de Chihuahua en una supuesta operación contra un laboratorio de metanfetaminas.

Sheinbaum afirmó que en el lugar no se desmanteló ningún laboratorio y sostuvo que una fiscalía estatal no tiene atribuciones para realizar ese tipo de operación que le corresponde a la Fiscalía General de la República.

La presidenta señaló que, después de conocerse la presencia de los agentes estadounidenses, el Gobierno Federal revisó si contaban con autorización para encontrarse en México conforme a la Ley de Seguridad Nacional y se encontró que no tenían el permiso correspondiente.

“La Ley de Seguridad Nacional es muy clara de cómo un agente y cómo una autoridad estatal, sea fiscalía, sea tribunales, sea ejecutivo, puede tener una relación con una agencia de Estados Unidos o de cualquier otro país”.

La presidenta insistió en que corresponde a las autoridades ministeriales sustentar el caso y presentar las declaraciones y pruebas recabadas durante la investigación. Añadió que el procedimiento debe seguir el camino legal y no responder a acuerdos políticos entre los gobiernos federal y estatal.

“Las pruebas pues tienen que presentarse como siempre por la vía legal. Eso es lo que todo lo demás, pues lo tiene que explicar la fiscalía”.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno Federal no interviene para negociar quién debe ser procesado o encarcelado.

“Pero nosotros no hacemos un pacto, imagínense, ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué. No, pues no. La fiscalía hace su investigación y procede”.