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CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentaron una investigación sobre una red empresarial vinculada con los hermanos Hernández Casillas y contrataciones de organismos electorales, cuyos antecedentes se remontan a, al menos, 27 años y que, de acuerdo con la revisión de fuentes abiertas, habría consolidado su presencia durante distintos periodos de la administración pública y del sistema electoral mexicano.

La mandataria sostuvo que la controversia sobre los contratos relacionados con Guadalupe Taddei no debe limitarse a su llegada a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), pues la estructura empresarial tiene antecedentes desde finales de la década de 1990. Aclaró que las posibles responsabilidades de Taddei y de quienes hayan participado en irregularidades deberán ser determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, en su caso, la Fiscalía General de la República (FGR).

“Bueno, la primera pregunta es de dónde venía Guadalupe Taddei. Entonces resulta que Guadalupe viene de un nombramiento del Consejo General del INE, como presidenta de la organización o del organismo que se encargó de los procesos electorales en Sonora desde 2014. ¿Por quién fue nombrada? Por Lorenzo Córdova y todos los que eran parte del Consejo General del INE”.

Buenrostro explicó que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas iniciaron su trayectoria en la administración pública en 1983, en el Registro Nacional de Población (Renapo), cuando José Alfredo fue secretario particular del director general Juan Carlos Padilla Aguilar. En 1989, los tres se trasladaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando la Secretaría de Gobernación concentraba las responsabilidades electorales. José Alfredo continuó como secretario particular de Padilla, mientras Raymundo se incorporó al área de investigaciones.

La secretaria señaló que Padilla Aguilar posteriormente trabajó en el Estado de México, donde ocupó distintos cargos, entre ellos el de secretario de Obras entre 1989 y 1993. Los hermanos Hernández Casillas dejaron la administración pública y comenzaron a constituir empresas; para 1999, a través de Cartonera Plástica, ya participaban como proveedores de organismos electorales mexiquenses. En 2005, uno de sus contratos provocó un escándalo en el Instituto Electoral del Estado de México.

“En el 2005, como lo mencionó la presidenta hace un rato, hay un escándalo en el Estado de México, precisamente con un contrato de los hermanos Hernández Casillas y el escándalo se escala tanto que tienen que renunciar siete de los consejeros electorales”.

Sheinbaum cuestionó que Padilla Aguilar aparezca posteriormente relacionado con organizaciones políticas y personajes que también han tenido vínculos con antiguos integrantes de las autoridades electorales. Mencionó su participación en el Frente Cívico Nacional en 2022 y su presencia en el partido Somos, donde coincidió con Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova. La mandataria relacionó estos antecedentes con el fortalecimiento de la red empresarial y el sistema de nombramientos electorales.

La investigación expuso que la reforma electoral de 2014, impulsada durante el Pacto por México, modificó el procedimiento para designar a los consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE), al otorgar al Consejo General del INE la facultad de nombrarlos en las 32 entidades. Buenrostro indicó que el 1 de octubre de ese año fue nombrada Guadalupe Taddei para encabezar el organismo electoral de Sonora. Posteriormente, en diciembre de 2023, Taddei llegó a la presidencia del INE mediante un procedimiento de insaculación, luego de que los partidos políticos no alcanzaran un acuerdo de mayoría calificada.

“En este periodo de 2014 a 2023, lo que se observan son varias omisiones en los temas de contratación. Y en 23 de los 32 OPLE, que fueron designados por este Consejo, se asignan contratos por más de 2 mil millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales”.

Buenrostro detalló que entre 2014 y 2023 las empresas vinculadas con los hermanos obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 organismos electorales locales. Entre 2024 y 2025, la red habría mantenido operaciones en 15 entidades, con contratos por 646 millones de pesos. Cabe destacar que los datos fueron obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia y del histórico de Compranet. Entre las empresas identificadas se mencionó a Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplas de México y Corporativo SEC.

La secretaria describió un presunto esquema de simulación de competencia en licitaciones, mediante el cual empresas relacionadas entre sí participaban en los procedimientos y acordaban quién presentaría la oferta más baja para obtener el contrato. Aunque aparentemente competían distintos proveedores, los contratos terminaban concentrados en los mismos integrantes de la red. Entre los principales participantes y beneficiarios, además de Raymundo Francisco Hernández Casillas y José Alfredo Hernández Casillas, también se identificó a familiares que habrían asumido funciones empresariales, entre ellos Raymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez, hijos de Raymundo Francisco Hernández Casillas.

“Lo que hacían es que entraban a las licitaciones. Pero como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, pues simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar, el que se ponían de acuerdo quién iba a ganar era el que ofertaba el precio más bajo y entonces ya se daba el fallo”.

La secretaria agregó que, según las revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), algunas compañías presentan características de empresas fachada: no declaran empleados ni capacidad técnica, comparten domicilios y teléfonos y dispersan los recursos recibidos mediante contratos públicos hacia otras empresas y cuentas. En esas operaciones se han detectado movimientos que podrían involucrar prestanombres o identidades utilizadas sin autorización.

Sobre la posibilidad de impedir que las empresas señaladas obtengan contratos con la administración pública federal, Buenrostro explicó que hasta el momento no han identificado convenios con estas compañías, aunque mantienen una revisión para detectar posibles contrataciones.

“Estamos haciendo revisión a ver qué contratos pudieran haber aquí en la administración pública para revisarlos, pero hasta ahorita no hemos encontrado contratos y más bien no se pueden inhabilitar porque se portan mal en otro lugar, que en este caso sería el INE”.

Como parte de las medidas para evitar que estos esquemas se repitan, la presidenta Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo estatal dependiente de Gobernación que produce boletas electorales federales. La propuesta contemplaría ampliar su consejo de administración con la participación de otras secretarías, la ASF como observadora y representantes de instituciones académicas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey.

La mandataria planteó que los materiales electorales que requieren mayor seguridad sean producidos principalmente por el Estado, mientras otros insumos, como urnas y mamparas, puedan adquirirse mediante procedimientos abiertos a fabricantes nacionales.

“Y los otros materiales que no requieren tanta seguridad como las urnas, las mamparas, pues que se abra, que a poco no puede haber impresores mexicanos que puedan producir eso, debe haber 20, 30, 40 empresas en México que lo puedan hacer”.

Sheinbaum señaló que las medidas deben estar listas para los procesos electorales de 2027, mientras la ASF determina posibles faltas administrativas y la FGR investiga los delitos que pudieran acreditarse. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, añadió que, hasta el momento, no se ha encontrado que las empresas investigadas pertenezcan a un grupo delictivo, y que las indagatorias de la UIF y el SAT se centran en posibles operaciones de lavado de dinero derivadas de contratos presuntamente irregulares.