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En su última edición, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra el 9 de Diciembre, la Encuesta del ENCIG que refiere a la percepción durante 2021, indica que la policía y los partidos políticos fueron las instituciones que se percibieron más corruptas a nivel nacional: 88.8 y 85.4 % de las personas consideró que estas autoridades practican actos de corrupción de manera frecuente o muy frecuente, respectivamente, lo que contrasta con la percepción que se tiene de los organismos autónomos o de las escuelas públicas de nivel básico.

En 2021, los hombres enfrentaron el doble del riesgo de ser víctimas de corrupción que las mujeres. Si bien esta situación se observó en la mayoría de las entidades federativas, destaca Nayarit donde los hombres tuvieron cinco veces más riesgo.

Con los datos de la propia ENCIG, 14.7 % de la población de 18 años y más, que tuvo contacto con alguna autoridad en 2021, fue víctima de corrupción, cifra menor a la observada en 2019 cuando se registró una prevalencia de 15.7 por ciento. 

En un comparativo estatal, destaca que Quintana Roo, Puebla y Baja California fueron las entidades con las mayores prevalencias de corrupción en 2021, con 20.4, 19.6 y 19.4 % respectivamente. Por el contrario, Baja California Sur y Colima presentaron los menores porcentajes.

Una tarea importante en el análisis de la corrupción, es la revisión de las vulnerabilidades a ser víctima de actos de corrupción durante el proceso penal. Al respecto, se encontró que 36.2 % de las 220 477 personas adultas que estaban privadas de la libertad en 20215 fue víctima de corrupción en algún momento de su proceso, 6 desde la detención hasta el ingreso al centro penitenciario. 

La frecuencia de actos de corrupción fue ligeramente mayor en hombres que en mujeres. Al analizar las etapas del proceso, se encontró que los hombres tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de actos de corrupción en los centros penitenciarios. En cambio, las mujeres tuvieron mayor riesgo de ser víctimas de corrupción al momento de su detención. Un dato importante es que las personas privadas de la libertad enfrentaron menos actos de corrupción en juzgados y tribunales.

Respecto a los actores que generaron actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios, en 2021, 15.3% de las personas privadas de la libertad mencionó que pagó a las y los custodios para obtener algún servicio, beneficio o permiso en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta; mientras que 6.3% pagó a otras personas internas para obtener algún beneficio.

Desde 2016, con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener una infraestructura institucional, así como a implementar acciones para prevenir y sancionar los actos de corrupción. 

En 2021, todas las instituciones de la administración pública federal contaron con mecanismos para la recepción de denuncias en contra de personas servidoras públicas, mientras que 99 % de las instituciones consideraron la aplicación de auditorías internas o externas por parte de las autoridades competentes. 

Se observa un notable rezago en la concreción de mecanismos para el registro y seguimiento de evolución patrimonial y la creación de mecanismos de contraloría social.