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Impulsa Fernando Castro Trenti ley general contra la extorsión para combatir el cobro de piso e impunidad

Por Redacción | jueves, 23 de octubre de 2025

EMX-Impulsa Fernando Castro Trenti ley general contra la extorsión para combatir el cobro de piso e impunidad

El legislador plantea una cruzada contra la corrupción en todo el país.


Ciudad de México, 23 de octubre 2025.- El diputado federal de Morena por Baja California, Fernando Castro Trenti, conforme a la determinación del Poder Ejecutivo Federal de combatir el delito de extorsión, presentó ante el Pleno del Congreso de la Unión una iniciativa que agrava la pena cuando el delito es cometido por un funcionario público.

La Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión tiene el objetivo de dotar al Estado mexicano de una herramienta legal más eficaz para enfrentar este delito de alto impacto social y económico.  

Castro Trenti convocó a declarar la guerra a funcionarios delincuentes que abusan de la confianza de quienes los designan, extorsionando al pueblo, haciendo un llamado a los ciudadanos a denunciar quien desde su encargo pretenda extorsionarlos.

La propuesta busca homologar el delito de extorsión en todo el país, eliminando la dispersión de criterios y sanciones que existe actualmente entre los códigos penales estatales. La iniciativa se enfoca en hacer más efectiva la persecución de modalidades crecientes como el "cobro de piso" a comercios y la extorsión telefónica.  

Puntos clave de la iniciativa:

* Tipo Penal Único: Establece una única definición del delito aplicable en toda la República, con penas de cinco a veinte años de prisión.  

* Persecución de Oficio y Prisión Preventiva Oficiosa: El delito de extorsión será perseguido de oficio y los imputados estarán sujetos a prisión preventiva obligatoria durante el proceso penal.  

* Agravantes Específicos: Aumenta las penas cuando la extorsión se comete:

* Por vía telefónica o medios digitales.  
* Desde el interior de un centro penitenciario.  
* En contra de personas dedicadas a actividades comerciales o al transporte.  
* Por una persona que se ostente como miembro de un grupo delictivo, sea cierto o no.  

La iniciativa busca atacar la alta impunidad que rodea al delito, ya que la "cifra negra" (casos no denunciados) es superior al 96% en el país. Además, la ley garantiza la atención y protección a víctimas, ofendidos y testigos.

Esta iniciativa legislativa se alinea y complementa la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno Federal que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicha estrategia se basa en ejes operativos como el fortalecimiento de la denuncia anónima a través del número 089, la implementación de unidades especializadas de investigación, la realización de operativos en centros penitenciarios (desde donde se origina gran parte de la extorsión telefónica), y el bloqueo inmediato de líneas telefónicas reportadas.

El trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad ha priorizado la Atención a las Causas, la Inteligencia y la Coordinación entre las instancias de seguridad. 

Recientemente, la Jefa del Ejecutivo Federal presentó al Congreso una iniciativa con el este objetivo: expedir una Ley General para combatir la extorsión. Esta acción subraya el compromiso federal de homologar el delito y aplicar la prisión preventiva oficiosa para esta grave conducta, con el fin de retirar de las calles y de la comunicación digital a los extorsionadores.

Al respecto, el diputado Castro Trenti ha señalado que su propuesta refuerza la visión del Ejecutivo, creando una sinergia legislativa dentro de la Cuarta Transformación para asegurar que el Estado mexicano cuente con un marco legal único y contundente. 

Destacó que es importante para la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación el que todo delito sea combatido, y más si quien lo cometió fue un funcionario público, recalcando que la nación sigue firme con los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

El legislador sostiene que la unidad de criterio y la homologación de sanciones son pasos indispensables para dejar de lado las lagunas jurídicas y las dispersiones estatales que han favorecido la impunidad en el delito de extorsión, respaldando así el combate frontal al crimen organizado y el bienestar ciudadano.