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CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene un trasfondo político, sino que deriva de una investigación relacionada con la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara.

La mandataria explicó que el caso comenzó luego de que elementos de la Fiscalía de Chihuahua localizaron un laboratorio de producción de metanfetaminas acompañados por agentes extranjeros. Durante el regreso del operativo ocurrió un accidente en el que fallecieron cuatro personas: dos agentes ministeriales mexicanos y dos estadounidenses.

Sheinbaum detalló que, tras conocerse los hechos, la FGR abrió una investigación para determinar por qué había personal extranjero participando en una operación de campo, ya que la Ley de Seguridad Nacional establece límites claros para la actuación de agentes de otros países en territorio mexicano.

“Lo que está haciendo la fiscalía es investigando cómo fue que se dio esta circunstancia y determinar si eso implica algún delito o no. No tiene nada que ver con un asunto político”, afirmó.

La presidenta recordó que, de acuerdo con la legislación mexicana, los agentes extranjeros pueden colaborar en labores de inteligencia e intercambio de información, pero no participar directamente en operativos en tierra ni sustituir funciones de autoridades nacionales.

“Tenemos que ser muy claros en que ellos cumplan las reglas y nosotros también. La coordinación y la colaboración no pueden significar violar la ley en México”, sostuvo.

La mandataria señaló que el tema ha sido utilizado políticamente para señalar un supuesto conflicto entre el Gobierno Federal y la gobernadora de Chihuahua, algo que rechazó. Incluso recordó que tras el caso renunció el fiscal estatal involucrado en las investigaciones relacionadas con el operativo.

Durante su mañanera, Sheinbaum vinculó este caso con las solicitudes de detención enviadas desde Estados Unidos contra funcionarios y políticos de Sinaloa. En ese contexto, defendió que cualquier acusación debe sustentarse en pruebas y respetar los procedimientos legales mexicanos.

“Nosotros no somos piñata de nadie. Sí a la colaboración y la coordinación, pero con límites que tienen que ver con que no haya injerencismo”, expresó.

Finalmente, la presidenta acusó que existe una campaña de desinformación contra su gobierno y sostuvo que corresponde al Estado mexicano defender la soberanía nacional y evitar que decisiones políticas o judiciales se determinen desde el exterior sin pruebas suficientes conforme a las leyes del país.