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CDMX.- El Gobierno Federal anunció que llevará ante las fiscalías de Estados Unidos los casos de mexicanos que han fallecido en operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de que se inicien investigaciones penales y se determinen responsabilidades. La decisión se tomó tras la muerte de Lorenzo Salgado, ocurrida el pasado 7 de julio durante un operativo migratorio.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, hasta ahora, México había privilegiado la vía diplomática mediante notas de protesta dirigidas al Gobierno estadounidense, además de solicitar la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, dijo, la gravedad de los hechos obligó a dar un paso adicional.

“Por lo que ocurrió recientemente de la muerte de un mexicano en un operativo de ICE, en donde no solamente es triste y lamentable, sino que parece que va dirigido, tomamos la decisión (…) de presentar una denuncia ya formal ante las fiscalías estatales y la fiscalía federal de los Estados Unidos, a quien resulte responsable, por lo que consideramos que son homicidios”, señaló la mandataria.

Sheinbaum precisó que las denuncias no estarán dirigidas contra personas en específico, sino contra quien resulte responsable, con el propósito de que sean las autoridades estadounidenses las que integren las investigaciones y determinen posibles responsabilidades penales. Paralelamente, el Gobierno de México solicitará a las empresas privadas que administran centros de detención migratoria respetar los derechos humanos de los connacionales.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, explicó que la estrategia busca trasladar el caso del terreno diplomático al ámbito judicial. “La idea es pasar de la vía diplomática a ir directamente ante las fiscalías para solicitar que se realicen investigaciones, ya no solamente por parte del Departamento de Estado o del Departamento de Seguridad Interior, sino directamente por la vía penal”, afirmó.

Además de las denuncias, el Gobierno mexicano promoverá acciones civiles mediante cartas de “cese y desistimiento” dirigidas a las empresas que operan los centros de detención, con el objetivo de que modifiquen las prácticas y condiciones para los migrantes.