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CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México mantiene coordinación con autoridades de Estados Unidos ante las operaciones de la plataforma de lanzamiento de SpaceX, ubicada en Starbase, Texas, a unos kilómetros de la frontera con Tamaulipas. Señaló que, por ahora, la estrategia ha sido privilegiar la comunicación bilateral para prevenir afectaciones al territorio nacional, aunque dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales si las medidas resultan insuficientes.

"Se optó primero por la comunicación más que la demanda, en buscar a través de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y Estados Unidos para que se pueda informar cuándo va a ser y también poner ciertas reglas. Es decir, a ver, no pueden estar los residuos de estos lanzamientos cayendo en el territorio nacional", afirmó la mandataria.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Marina, la Agencia Federal de Aviación Civil y la propia Agencia de Transformación Digital mantienen un protocolo para recibir notificaciones previas a cada lanzamiento y atender cualquier eventualidad relacionada con la caída de componentes del cohete.

"En el último lanzamiento que ocurrió la semana pasada no hubo ningún residuo en territorio ni aguas mexicanas y nuestra idea es, por supuesto, seguir manteniendo la misma coordinación, el mismo mecanismo de notificación y, en su caso, el tema de evaluación de riesgos ambientales", señaló Peña Merino.

El funcionario agregó que uno de los principales objetivos del protocolo es alertar a embarcaciones sobre las zonas de seguridad durante los lanzamientos e identificar, en caso de que ocurra, la caída de propulsores u otros componentes del cohete en aguas o territorio mexicano. Cabe señalar que la evaluación de posibles impactos ambientales permanece a cargo de la Profepa y se realiza desde que comenzaron las operaciones de la plataforma espacial.

"Si llegara a requerirse de una demanda, pues ya lo evaluaríamos. Pero por lo pronto se ha optado por la coordinación", concluyó Sheinbaum.

En mayo de 2025, tras el noveno vuelo de prueba del cohete Starship desde Starbase, Texas, organizaciones ambientalistas documentaron la llegada de fragmentos de plástico, aluminio y tanques metálicos del propulsor a Playa Bagdad, en Matamoros, a lo largo de unos 40 kilómetros de costa. Posteriormente, el Gobierno de Tamaulipas presentó una denuncia ante la Profepa para que investigara el caso y determinara el posible impacto ambiental, mientras autoridades federales iniciaron evaluaciones sobre los residuos. Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno Federal analizaba posibles violaciones al derecho internacional por la caída de restos en territorio mexicano. A partir de esos hechos, México y Estados Unidos reforzaron los mecanismos de notificación previa de lanzamientos, el monitoreo de posibles residuos y la evaluación de riesgos ambientales en la zona fronteriza.