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CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en México no se persigue a las personas por pensar distinto y defendió la libertad de expresión, al tiempo que reconoció que el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos presenta deficiencias que el Gobierno Federal busca corregir.

Rodríguez señaló que actualmente el mecanismo atiende a cerca de 3 mil personas entre periodistas y defensores de derechos humanos y sostuvo que las autoridades reciben y atienden las quejas relacionadas con su funcionamiento. “En México no se persigue a nadie por pensar distinto. Hoy como nunca se garantizan los derechos a la libertad de expresión y también a la libre manifestación”.

La secretaria reconoció que existen problemas en la operación del mecanismo y aseguró que se trabaja en una mejor administración y en obtener mejores resultados. También sostuvo que las autoridades intervienen cuando un periodista enfrenta una situación de riesgo, mediante coordinación con gobiernos estatales, fiscalías y familiares.

En ese contexto, Rodríguez fue cuestionada por las quejas relacionadas con la empresa encargada de brindar servicios de protección a periodistas, particularmente por problemas en los pagos que habrían afectado la prestación del servicio. La secretaria confirmó que el Gobierno Federal ya tomó una decisión sobre el contrato. “Por esa razón, ya la empresa ha sido notificada de que terminará en breve el contrato”.

Rodríguez explicó que el cambio de proveedor no es inmediato y que el Gobierno Federal se encuentra trabajando en el proceso. Aseguró que las autoridades han estado atentas a las inconformidades y que no permanecen indiferentes ante los problemas registrados en la operación del mecanismo.

La secretaria también mencionó casos recientes de periodistas que han requerido atención y protección, entre ellos un caso ocurrido en Oaxaca cuya investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR). Señaló que, ante este tipo de situaciones, se mantiene comunicación con las autoridades locales y con las familias de las víctimas para dar seguimiento a cada caso.

Rodríguez reconoció además que el mecanismo enfrenta nuevos retos ante la transformación de las plataformas digitales y la dificultad para establecer quién debe ser considerado periodista frente a la aparición de creadores de contenido. Sin embargo, afirmó que incluso en estos casos se atienden las situaciones de riesgo y se realizan intervenciones con las autoridades correspondientes.

Finalmente, la secretaria sostuvo que la protección de periodistas y el respeto a la libertad de expresión no deben entenderse como una concesión de las autoridades, sino como una obligación del Estado. “Siempre decimos y a todos los gobiernos que no es una concesión, es una obligación del Estado, el respeto a la libertad de expresión”.