Política y Políticos

El Gobierno de Mexicali que encabeza la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, afronta grandes limitaciones presupuestales para hacer frente al reto de contar con un mejor sistema de vialidades primarias y secundarias.

Sobre el particular, el director de Obras Públicas Municipales, Alberto Ibarra Ojeda, subrayó la importancia de que legisladores federales y locales, así como senadores, encabecen la gestión de recursos presupuestales extraordinarios para este municipio, a fin de cerrar el año con obras que requiere esta capital, así como la rehabilitación de la red existente.

Lo cierto es que la falta de rehabilitación y mantenimiento de la red vial es evidente en esta ciudad, lo que podría agravarse severamente con las lluvias extraordinarias que se pronostican para esta región, a causa del llamado fenómeno meteorológico del "Súper Niño". Algo debe hacerse. Por lo pronto, los legisladores federales de todos los partidos han brillado por su ausencia.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se prepara para elegir a la persona que ocupará la Rectoría en el periodo 2027-2031. El proceso, que debería ser un ejercicio de transparencia y equidad, ha sido cuestionado por diversas organizaciones de la sociedad civil que alzan la voz para exigir lo evidente: igualdad sustantiva y paridad de género en la máxima casa de estudios.

Entre esas voces se encuentra la de Rebeca Maltos Garza, de la agrupación Diversa, una de las personas que encabezó un pronunciamiento dirigido a la Junta de Gobierno, al Tribunal Universitario y a la Oficina del Abogado General sobre la importancia de que la UABC tenga a una mujer al frente de la máxima casa de estudios.

El escrito se sustenta en la Constitución, en la Ley General de Educación Superior y en el propio Código de Ética de la institución. La demanda es clara: que la autonomía universitaria no se convierta en un escudo para perpetuar desigualdades.

Resulta gravísimo —como señalan colectivos feministas—, que en toda la historia de la UABC ninguna mujer haya sido designada como rectora. No basta con protocolos contra la violencia de género ni con unidades de inclusión si, en la práctica, el poder directivo sigue siendo un espacio reservado para los hombres. La igualdad no puede quedarse en documentos; debe reflejarse en decisiones.

Las peticiones van más allá de la coyuntura: transparencia en los criterios de selección, claridad en las etapas del procedimiento y evaluaciones imparciales con perspectiva de género. No se trata de favorecer a alguien por su sexo, sino de garantizar que las reglas del juego respondan a los principios constitucionales y a las obligaciones legales que la propia universidad reconoce.

La pregunta de fondo es incómoda: ¿puede la UABC presumir de ser una institución moderna y comprometida con los derechos humanos si nunca ha roto el techo de cristal en su rectoría? La respuesta, por ahora, es negativa. Y es precisamente ahí donde la sociedad civil cumple su papel: recordarle a la universidad que la autonomía no significa aislamiento, sino responsabilidad frente a la comunidad y frente al país.

El reto está planteado. La UABC tiene la oportunidad histórica de demostrar que la igualdad sustantiva no es un discurso, sino una práctica que se ejerce en los espacios de mayor poder. De lo contrario, seguirá siendo un ejemplo de cómo las instituciones pueden avanzar en normativas, pero quedarse rezagadas en lo esencial: la justicia y la equidad.