Política y Políticos

La Universidad Autónoma de Baja California podría ser sede de debates públicos entre candidatos a cargos de elección popular, postulados por los diferentes partidos políticos, bajo la premisa de que los jóvenes universitarios deben estar debidamente informados en torno al proceso electoral del año próximo, cuando se elegirán gobernador o gobernadora del Estado, siete presidentes municipales, 25 legisladores locales y nueve diputados a la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Sobre el particular, el rector de la Máxima Casa de Estudios, doctor Luis Enrique Palafox Maestre, destacó que está abierta la posibilidad para que los representantes de las diferentes corrientes político-partidistas participen en igualdad de circunstancias en debates públicos en foros universitarios. Cabe señalar que hay voces que se oponen a la presencia de partidos políticos en el seno de la Máxima Casa de Estudios, que podrían, según su óptica, abrir la puerta a políticos con otros propósitos ajenos al interés universitario. Cuestión de enfoques.

La protesta de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) no es un episodio aislado ni un simple desfile de unidades por las calles de Mexicali. Es, en realidad, un síntoma de la fractura entre el sector productivo y las instituciones que deberían garantizar seguridad y certidumbre.

El delegado en la capital del estado, Ismael de la Rosa Anaya, insistió en que se trató de una movilización pacífica, no de un bloqueo. El matiz en el tema es muy importante, Canacar busca ser escuchada sin recurrir a la parálisis de la economía. Sin embargo, detrás de esa moderación se esconde la paciencia del gremio, la cual se agota.

Los transportistas denuncian extorsiones sistemáticas, tanto del crimen organizado como de policías y agentes de la Guardia Nacional. El problema no es menor: cada incidente representa pérdidas económicas, retrasos en la cadena de suministro y un golpe directo a la competitividad regional. La corrupción se ha convertido en un costo adicional del transporte, disfrazado de “normatividad discrecional” en cada municipio.

El vicepresidente regional de Canacar, Luciano Jiménez Leveaga, subrayó un punto crítico: Baja California es uno de los dos estados que no ha armonizado su ley de movilidad estatal con la federal. Esa omisión mantiene al sector en un estado de indefensión, donde las sanciones dependen de criterios locales y la discrecionalidad abre la puerta a la extorsión.

La movilización de más de 25 entidades del país, incluida Mexicali con cien unidades, es un recordatorio de que el transporte de carga no es un gremio aislado: es un pilar de la economía nacional. La protesta exhibe la incapacidad para dar respuestas concretas en las mesas de diálogo y la falta de voluntad para legislar en favor de la certidumbre.

El mensaje de los transportistas es político en esencia: no quieren más mesas de trabajo, quieren soluciones reales. La extorsión y la corrupción no son problemas técnicos, son síntomas de un Estado que ha normalizado la discrecionalidad y la falta de reglas claras. La movilización pacífica es apenas el primer paso; si la indiferencia persiste, el riesgo de que el sector escale hacia paros nacionales es real.