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Jorge Ramos Hernández Respaldo de la dirigencia nacional y estatal del PVEM

Por Braulio Serrano Ruíz | viernes, 20 de noviembre de 2026

EMX-Jorge Ramos Hernández Respaldo de la dirigencia nacional y estatal del PVEM

La iniciativa para tipificar la persuasión coercitiva en Baja California desató una confrontación entre Morena y el PVEM, luego de señalamientos relacionados con el diputado Jorge Ramos. El Verde exigió una reparación pública y defendió la presunción de inocencia.


La discusión sobre la iniciativa para tipificar la persuasión coercitiva en Baja California terminó abriendo un frente político que va más allá del contenido de la propuesta legislativa. Lo que debía centrarse en la discusión sobre mecanismos de manipulación psicológica y posibles vacíos legales derivó en una confrontación entre aliados políticos y en la defensa pública de uno de los legisladores del Partido Verde.

Durante la presentación de la iniciativa impulsada por la diputada de Morena, Michel Sánchez Allende, uno de los testimonios expuestos señaló presuntas prácticas de control y manipulación vinculadas a Quantum, organización dedicada al coaching y relacionada con el diputado local del PVEM, Jorge Ramos Hernández. A partir de ese momento, el debate jurídico pasó a convertirse en una disputa política.

La reacción del Partido Verde fue inmediata. A través de un comunicado atribuido a sus dirigencias nacional y estatal, encabezadas por Karen Castrejón y Fausto Gallardo García, respectivamente, el partido cerró filas en torno a su legislador y cuestionó la forma en que se realizaron los señalamientos.

Más que entrar al fondo de las acusaciones, el Verde enfocó su postura en la defensa del debido proceso y la presunción de inocencia. Desde su perspectiva, el señalamiento público durante un acto legislativo colocó al diputado en una posición de vulnerabilidad política sin la oportunidad de expresar su versión de los hechos.

El mensaje también elevó el tono hacia Morena. La dirigencia ecologista no solo manifestó respaldo a Ramos Hernández, sino que exigió al grupo parlamentario morenista una reparación pública por lo que calificó como un agravio contra el legislador. Se trata de una postura poco común entre partidos que, al menos en el plano electoral y legislativo, han mantenido una relación de colaboración bajo la coalición de la Cuarta Transformación.

Recordemos que el legislador buscó la coordinación estatal por la gubernatura y, tras no alcanzar el objetivo, regresó a sus funciones legislativas.

El episodio revela una tensión interna que podría convertirse en una prueba para la relación entre ambos partidos en Baja California. Mientras Morena impulsa una agenda enfocada en visibilizar posibles mecanismos de abuso psicológico y control coercitivo, el Partido Verde considera que el caso se utilizó para exponer públicamente a uno de sus representantes antes de que exista una resolución oficial.

En el fondo, la polémica coloca sobre la mesa dos temas distintos, pero igualmente relevantes: el derecho de las personas a denunciar experiencias que consideran abusivas y el derecho de los señalados a defenderse bajo las garantías del debido proceso.

Por ahora, el caso se mantiene en el terreno político y mediático. Sin embargo, la manera en que evolucione podría definir no solo el futuro de la iniciativa sobre persuasión coercitiva, sino también la dinámica de una alianza partidista que enfrenta uno de sus momentos de mayor tensión en el ámbito local.