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CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.. firma de la Carta de Intención de los PODECOBIS

Por Redacción | viernes, 27 de junio de 2025

EMX-CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.. firma de la Carta de Intención de los PODECOBIS

Mexicali...


Con el arranque de los primeros quince POLOS DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL BIENESTAR (PODECOBIS), la PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO colocó la piedra angular del llamado Plan México y delineó, con precisión de ingeniera, un nuevo mapa industrial del país que aportará 300 mil empleos y una inversión equivalente al 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto. En palabras de la Jefa del Ejecutivo, “no se trata sólo de atraer capitales, sino de ordenar la inversión por clusters donde la industria, la vivienda y los servicios convivan armónicamente, evitando los largos trayectos que hoy separan a las trabajadoras y los trabajadores de sus centros de empleo”.
El concepto—importado de las experiencias asiáticas de planeación territorial—consiste en levantar parques industriales con urbanismo integrado: hospitales, escuelas, centros comunitarios y vivienda accesible, todo ello respaldado por criterios ambientales estrictos, disponibilidad energética y conectividad logística. 
Así, los PODECOBIS nacerán con certificado de sustentabilidad bajo el brazo y con reglas claras que impedirán el crecimiento anárquico que históricamente ha caracterizado a los corredores fabriles.
Los primeros polos se instalarán en SEYBAPLAYA, CAMPECHE; JUÁREZ, CHIHUAHUA; DURANGO, DURANGO; NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO; CELAYA, GUANAJUATO; el Polo de ECONOMÍA CIRCULAR en HIDALGO; AIFA, HIDALGO; MORELIA, MICHOACÁN; CIUDAD MODELO, PUEBLA; CHETUMAL, QUINTANA ROO; TOPOLBAMPO, SINALOA; ALTAMIRA, TAMAULIPAS; HUAMANTLA, TLAXCALA; TUXPAN, VERACRUZ y HERMOSILLO, SONORA. 
En todos se aplicarán estímulos fiscales que van desde la deducción inmediata del cien por ciento en activos fijos nuevos hasta incentivos adicionales de veinticinco por ciento para programas de innovación y capacitación dual, lo que—según el SECRETARIO DE ECONOMÍA, MARCELO EBRARD CASAUBON—convertirá a México en la “plataforma productiva más competitiva del hemisferio”.
Durante la firma de la Carta de Intención con catorce mandatarias y mandatarios estatales, la Presidenta destacó la “coordinación y unidad sin precedentes” entre Federación y entidades. 
El paquete de incentivos se completa con la expedición inmediata de declaratorias en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN y la suscripción de convenios de coordinación que permitirán a los gobiernos locales iniciar licitaciones para seleccionar a los operadores de cada parque industrial. El calendario es apretado: en agosto deberán firmarse adjudicaciones y comenzar la instalación de empresas ancla, condición indispensable para que los polos arranquen plenamente en 2026.
Mientras en Palacio Nacional se dibujaba este horizonte de prosperidad industrial ordenada, en Baja California cobraba fuerza un debate de otra naturaleza, pero igualmente crucial para la salud democrática: el uso responsable de los recursos públicos. Tras conocer que la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN se declaró incompetente para revisar el acuerdo de indemnizaciones millonarias a favor de las magistraturas del TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO, el DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, presidente de la JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, confirmó la presentación de una controversia constitucional ante la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Molina precisó que la resolución electoral “abre la vía constitucional para el análisis de fondo” y subrayó que renunciar a interponer recursos habría sido imperdonable: “No intentar un recurso es el peor error que puede cometer cualquier abogada o abogado”. 
El Congreso considera que autorizar más de cuatro o cinco millones de pesos en indemnizaciones sin respaldo presupuestal invade la esfera exclusiva del Legislativo y vulnera la legalidad del gasto público.
El legislador recordó que existe jurisprudencia del propio TEPJF—de 2023—que faculta al tribunal a determinar si un funcionario electoral es trabajador y, por ende, acreedor a indemnización. La lectura actual, apuntó, sugiere que las magistraturas no son parte trabajadora sino patronal, lo que las dejaría sin derecho a esa remuneración extraordinaria. De paso, recriminó el silencio de sectores que suelen opinar sobre el manejo de fondos públicos y hoy guardan prudente distancia.
Más allá de tecnicismos, el asunto ya prendió las alarmas ciudadanas: la idea de destinar recursos a pagar finiquitos generosos en un estado que encara rezagos en infraestructura social resulta difícil de justificar. El contraste es evidente: mientras el Gobierno Federal alinea a la iniciativa privada para detonar 1.5 por ciento del PIB en parques industriales con vocación social, un órgano local pretende adjudicarse compensaciones ajenas a cualquier plan de austeridad.
La sincronía de ambos episodios revela la vasta agenda que México enfrenta: crecer sin descuidar el medio ambiente, atraer inversiones sin reproducir desigualdades y, sobre todo, vigilar que cada peso del erario cumpla su cometido.


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