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Claudia Sheinbaum Pardo...acompaña a las familias afectadas por el accidente del Tren Interoceánico.
Por Braulio Serrano Ruíz | miércoles, 31 de diciembre de 2025
Mexicali...
La política pública se mide en los momentos de normalidad, pero se define en las horas difíciles. Ahí, cuando la tragedia rompe la rutina institucional y expone el verdadero rostro del Estado, es donde se distingue si el gobierno entiende su responsabilidad como un acto administrativo o como una obligación humana.
El accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, en Oaxaca, volvió a colocar al Gobierno de México frente a esa prueba, y la respuesta fue clara: presencia, acompañamiento y responsabilidad directa con las víctimas. Así lo dejó establecido la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO al reiterar que ninguna familia quedará sola y que el Estado asumirá, sin regateos, su papel frente al dolor.
Desde el primer momento, la presidenta se trasladó a Oaxaca, recorrió hospitales del ISSSTE, del IMSS BIENESTAR y del IMSS en Salina Cruz, habló con las familias, estuvo en las funerarias y escuchó directamente a quienes perdieron a un ser querido. No fue un gesto protocolario. Fue la reafirmación de una línea política que entiende que gobernar también es estar, acompañar y asumir costos. La decisión de asignar un servidor público por cada familia afectada no es menor: implica seguimiento permanente, interlocución directa y la eliminación de la burocracia fría que tantas veces agrava el sufrimiento.
El apoyo inmediato de 30 mil pesos, malinterpretado por algunos sectores, fue explicado con precisión: se trata de un respaldo inicial para cubrir gastos urgentes, sin sustituir ni cancelar la reparación integral del daño que corresponde, primero, a la aseguradora del tren y, posteriormente, a lo que determine la Fiscalía en diálogo con las víctimas. Aquí hay un mensaje político de fondo: el Estado no compra silencios ni clausura procesos con cheques rápidos; acompaña, responde y asume responsabilidades conforme a la ley.
La coordinación institucional también quedó expuesta. La FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA avanza en los peritajes, mientras la AGENCIA REGULADORA DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SICT realiza investigaciones técnicas paralelas. Bomberos y PROTECCIÓN CIVIL de MATÍAS ROMERO, así como la población que actuó de manera solidaria, fueron reconocidos como primeros respondientes. En paralelo, desde la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN se activó un esquema de atención integral con acompañamiento psicológico, legal y administrativo, además de una línea especial de seguimiento. El mensaje es contundente: el Estado no se fragmenta ante la crisis, se articula.
Esta lógica de presencia, acompañamiento y responsabilidad no es exclusiva del ámbito federal. En Baja California, bajo una agenda distinta, pero con el mismo fondo humano, se ha avanzado en uno de los terrenos más sensibles de la política social: el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Durante 2025, el SISTEMA DIF BAJA CALIFORNIA concretó 69 asignaciones de acogimiento preadoptivo, resultado de un trabajo ordenado, profesional y con visión de largo plazo impulsado por la gobernadora MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA.
Hablar de adopción no es hablar de trámites; es hablar de vidas que cambian de rumbo. Por eso no es casual que el DIF haya invertido en la certificación de su personal, en el fortalecimiento de los procesos postadoptivos y en la eliminación de barreras administrativas y culturales que históricamente han retrasado o frustrado estos procedimientos. Desde 2023, Baja California cuenta con una LEY DE ADOPCIONES especializada que coloca al estado a la vanguardia jurídica y otorga facultades plenas al DIF para intervenir con rigor, sensibilidad y transparencia.
El dato que revela la profundidad del cambio es otro: hoy existe mayor apertura de las familias bajacalifornianas para adoptar grupos de hermanos, niñas y niños mayores de cinco años o menores con condiciones de salud complejas. Ese giro cultural no se decreta; se construye con confianza institucional, acompañamiento permanente y una narrativa pública que pone en el centro el interés superior de la niñez. Como lo expresó la presidenta del DIF estatal, fortalecer a la familia no es un eslogan, es una política diaria que se traduce en hogares, afectos y futuros posibles.
Si se observan ambos escenarios-la tragedia ferroviaria en Oaxaca y la política de adopciones en Baja California- aparece un hilo común que define el momento político: la centralidad de las personas. En un país acostumbrado durante décadas a la distancia entre el poder y la gente, hoy se insiste en una lógica distinta: el Estado que da la cara cuando hay dolor y el Estado que construye silenciosamente bienestar cuando hay oportunidad.
No se trata de romantizar la acción gubernamental ni de negar los retos pendientes. Se trata de entender que la legitimidad política, en estos tiempos, no se sostiene solo con cifras macroeconómicas o discursos de tribuna. Se sostiene con presencia, con cercanía y con la capacidad de responder cuando la vida de las personas está en juego, ya sea por un accidente inesperado o por la necesidad profunda de pertenecer a una familia.
En esa ruta, tanto el GOBIERNO DE MÉXICO como el GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA han enviado señales claras. Gobernar es asumir responsabilidades en los peores momentos y construir futuro en los mejores. Lo demás es ruido.
MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA. Consolidan procesos de adopción.