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Además, hizo juicio fraudulento en contra de la víctima, una mujer de la 3era edad vulnerable en estado de interdicción
PLAYAS DE ROSARITO.- El juez municipal Saúl Antonio Marrón Medrano está en el ojo del huracán, tras ser señalado por presuntamente utilizar su cargo para despojar de su propiedad a una mujer de la tercera edad, aprovechándose de su vulnerabilidad, toda vez que la victima permanece en estado de interdicción.
Familiares de la afectada manifiestan que Marrón Mrdrano, hace uso indebido de su poder como autoridad para favorecer intereses personales, ignorando los derechos de la legítima propietaria. Además, aseguran que el juzgador se niega a devolver la propiedad, argumentando contar con influencias en altos mandos del Gobierno.
De acuerdo con la demanda de amparo, Saúl Antonio llevó a cabo un juicio de prescripción positiva lleno de irregularidades, en el que nunca se notificó debidamente a la afectada. Sin que ella pudiera defenderse, el Juez Municipal se adjudicó el inmueble, lo que familiares y abogados califican como un robo legalizado.
Pero el abuso no terminó ahí. En junio de 2023, tras un incendio en la vivienda, personas cercanas a la afectada intentaron hacer reparaciones, pero fueron amenazadas por un supuesto representante de Marrón Medrano, quien les exigió abandonar la propiedad de lo contrario le hablaría a las autoridades y les presentarían cargos por allanamiento de morada.
Apenas unos días después, la casa fue demolida sin previo aviso, dejando a la víctima sin un hogar.
El caso ha generado indignación, ya que no solo involucra a una persona en condición vulnerable, sino que pone en evidencia cómo ciertos funcionarios se aprovechan de sus cargos para despojar impunemente a quienes no pueden defenderse. La comunidad ha exigido que este acto de corrupción no quede impune y que se investigue a fondo la red de influencias que ha permitido que Marrón Medrano actúe con total impunidad.
Los afectados afirman que agotarán todas las instancias legales para recuperar su propiedad.
La víctima y familiares han solicitado la intervención de la justicia federal para revertir este abuso, esperando que las autoridades no protejan a quienes, en lugar de impartir justicia, se han convertido en verdugos de los más vulnerables, según versión de un familiar de la ofendida.