Rosarito

PLAYAS DE ROSARITO.– Con bastones en mano, pasos lentos y enfermedades a cuestas, jubilados de Petróleos Mexicanos volvieron a plantarse frente a la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) Rosarito. No lo hicieron por costumbre, sino por necesidad: la de no quedarse sin médicos, sin medicinas.

Las amenazas de Pemex, sobre la posible denuncias penales federales, no los detuvieron.

Por segundo día consecutivo, personas de la tercera edad —muchas de ellas con padecimientos crónicos— decidieron alzar la voz, aun con el temor de enfrentar denuncias penales que podrían costarles la libertad o multas económicas impagables.

Los jubilados lamentan que, tras un bloqueo realizado en febrero de 2025, algunos de ellos fueron notificados de una denuncia penal interpuesta por la empresa como represalia. Señalan que las sanciones van desde prisión hasta el pago de sumas cercanas al millón de pesos.

“Quisieron denunciarnos por delitos federales… pero nosotros solo estamos pidiendo salud”, relata un jubilado que prefiere el anonimato. Su voz se quiebra entre coraje y cansancio.

“Somos personas mayores, con enfermedades. Le dimos toda una vida a Pemex… y ahora nos responden con amenazas. ¿De dónde vamos a sacar un millón de pesos, si no tenemos ni para medicinas?”

Las protestas son el reflejo de esa contradicción: cuerpos frágiles, pero voluntad firme. Algunos apenas pueden mantenerse de pie; otros se apoyan entre sí, pero ninguno parece dispuesto a retirarse.

“Claro que tenemos miedo… pero más miedo nos da enfermarnos y no tener quién nos atienda”, dice otro de los manifestantes.

El problema, explican, no es nuevo, pero se ha agravado.

Desde el pasado 16 de marzo, los servicios médicos —consultas generales, hospitalización y urgencias— fueron suspendidos debido a la falta de pago a proveedores, dejando en el limbo a cerca de 300 trabajadores activos y alrededor de mil 900 derechohabientes en Tijuana y zonas cercanas.

Para muchos jubilados, este sistema no es una opción: es su única vía para atender diabetes, hipertensión, problemas cardíacos y otros padecimientos propios de la edad.

Aunque la administración anunció la contratación de un médico general para consultas básicas, la medida resulta insuficiente para quienes necesitan estudios especializados, hospitalización o atención inmediata.

Cristian Ramírez, secretario general de la Delegación 21 de la Sección 40 del sindicato petrolero, confirmó que las protestas continuarán hasta que el servicio médico sea restablecido en su totalidad, señalando que esta crisis se repite cada año por retrasos administrativos.

Mientras tanto, los jubilados siguen en la misma encrucijada: callar y evitar problemas legales… o protestar para no quedarse sin atención médica. Pero eligieron la segunda opción.