The Border

Washington.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca ampliar su campaña militar contra grupos vinculados al narcotráfico en América Latina, al impulsar operaciones conjuntas que permitirían la presencia de soldados estadunidenses en países aliados de la región.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció durante una visita a Panamá que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en sus territorios, después de que Ecuador comenzara misiones similares con Estados Unidos en marzo. Sin embargo, Guatemala negó haber alcanzado un acuerdo de ese tipo.

Hegseth comparó la posible expansión de las operaciones terrestres con la campaña de ataques contra embarcaciones que Estados Unidos ha realizado durante el último año frente a las costas del Caribe y el Pacífico de América Latina.

"El mismo efecto en tierra. Y por eso estamos trabajando con Ecuador. Estamos trabajando con Colombia. Estamos trabajando con socios para llevar la lucha a las organizaciones designadas como terroristas en tierra", afirmó.

La ampliación representa una nueva fase en la estrategia de seguridad del gobierno de Trump, que busca presionar a gobiernos latinoamericanos para alinearse con sus prioridades y fortalecer lo que Washington denomina "dominancia estadounidense sobre el hemisferio occidental".

Especialistas han advertido que una mayor participación militar estadunidense podría elevar el riesgo de víctimas civiles y generar una reacción contra Estados Unidos que podría extenderse más allá del actual gobierno republicano.

Michael Shifter, experto en América Latina del centro de estudios Inter-American Dialogue, consideró que la estrategia representa un intento por legitimar un mayor uso del ejército estadunidense en la región y proyectar el poder de Washington.

"Esto no es cooperación; es, obviamente, una relación muy asimétrica", señaló.

Escalada de ataques contra embarcaciones

El ejército estadunidense ha participado durante décadas en operaciones contra el narcotráfico en América Latina mediante armas, inteligencia y entrenamiento para fuerzas de países aliados. Sin embargo, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Washington ha adoptado uno de sus enfoques más intervencionistas hacia la región en décadas.

El gobierno de Trump ha designado a 20 grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, además de involucrar a agentes de la CIA en operativos contra laboratorios de droga en México.

Estados Unidos también ha matado a más de 200 personas en más de 60 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, aunque el gobierno estadunidense ha presentado poca evidencia pública para demostrar que los objetivos eran narcoterroristas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones.

William LeoGrande, especialista en América Latina de American University, consideró que las operaciones de combate conjuntas representarían un escenario nuevo y diferente, debido a que pondrían a prueba las sensibilidades sobre la soberanía nacional y la presencia de tropas estadunidenses.

En Colombia, donde Abelardo de la Espriella asumió el cargo este mes, se ha planteado la posibilidad de que fuerzas estadunidenses participen en ataques contra grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Hegseth afirmó que el mandatario colombiano había solicitado una mayor participación militar de Estados Unidos y sostuvo que los grupos que trafiquen drogas o amenacen a ciudadanos estadunidenses o a sus aliados serían considerados objetivos.

"En cualquier lugar donde trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, son un objetivo igual que ISIS o Al Qaeda", declaró.

Preocupaciones por la presencia militar de EU

Ecuador se ha convertido en el caso más claro de participación militar directa de Estados Unidos, al realizar redadas conjuntas contra presuntos grupos criminales. No obstante, una investigación de The New York Times encontró que un ataque contra un supuesto laboratorio de drogas en marzo terminó destruyendo una finca ganadera.

Guatemala representa una excepción dentro de los nuevos acuerdos planteados por Washington. El presidente Bernardo Arévalo negó haber acordado operaciones antidrogas conjuntas y señaló que cualquier acción de ese tipo sería ilegal sin la aprobación del Congreso.

En el caso de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la cooperación con Washington en materia de seguridad, pero ha rechazado que el ejército estadunidense tenga un papel directo en la lucha contra los cárteles dentro del territorio mexicano.

Adam Isacson, analista de defensa de la Washington Office on Latin America, advirtió que los gobiernos de la región podrían sentirse incómodos ante la ambigüedad del concepto de operaciones conjuntas.

"En última instancia, Estados Unidos tendrá que definir qué significa 'operaciones conjuntas' en cada uno de estos países", señaló.

Riesgo de víctimas civiles y pérdida de soberanía

Especialistas también cuestionan si una estrategia más militarizada puede producir mejoras de seguridad duraderas. En Colombia, la preocupación es mayor debido a que los grupos armados operan entre poblaciones civiles y en algunas zonas funcionan como autoridades de facto.

Jeremy McDermott, codirector de la organización InSight Crime, consideró que los ataques militares podrían obligar a los grupos armados a modificar sus estrategias y trasladarse hacia poblaciones civiles en lugar de desaparecer.

"Estados Unidos bombardea un campamento del ELN en Colombia o en Venezuela, ¿qué es lo primero que va a hacer el ELN? Van a desmantelar todos sus campamentos y se van a mover a las aldeas y a los pueblos", explicó.

Los especialistas consideran que una participación militar estadunidense más profunda podría poner a prueba el respaldo de la población de los países aliados, particularmente frente al equilibrio entre seguridad y soberanía nacional.

"Todos estos presidentes, sin importar cuán de derecha sean, enfrentan presión para hacer algo sobre la seguridad y para dar una señal de que persiguen a los 'malos' que hacen que la gente se sienta insegura. Hay un amplio acuerdo en eso", afirmó Isacson.

Sin embargo, agregó que los gobiernos latinoamericanos solo pueden ceder soberanía hasta cierto punto antes de que la opinión pública comience a rechazar la presencia militar estadunidense.

Con información de Proceso.