Tijuana

Al respecto, detalló que la FGE ha llevado a cabo pláticas con partidos políticos, universidades e instituciones públicas, por lo que destacó la confusión común entre delitos e infracciones electorales, señalando que la Ley General especifica los delitos que investigarán, mientras que las infracciones están reguladas por leyes estatales y federales. 

En ese sentido, enfatizó la diferencia crucial entre ambas categorías, aclarando que situaciones administrativas, como la propaganda, deben ser denunciadas ante las autoridades electorales correspondientes y no ante la Fiscalía Especializada.

Aclaró que acciones como la privación de la credencial de lector sin consentimiento constituye un delito electoral, por lo que exhortó a las personas que son víctimas de esta actividad a presentar las denuncias correspondientes para su investigación y posterior sanción. 

Además de esto, explicó que las infracciones llevan consigo sanciones como multas o amonestaciones, mientras que los delitos electorales pueden resultar en penas de privación de libertad, destacando el papel de la Fiscalía en realizar investigaciones mediante servicios periciales y la agencia estatal de investigación.

Asimismo, el funcionario detalló que los servidores públicos pueden cometer delitos electorales condicionando beneficios, como licencias o permisos, a cambio de votos. 

Por otra parte, compartió que otra actividad común irregular es el obligar a subordinados a asistir a eventos políticos durante el horario laboral, misma que también constituye un delito electoral. 

Debido a esto, señaló que estos casos están especificados en el artículo 11 de la Ley General de Materias Electorales, y subrayó la importancia de las pláticas de "blindaje electoral" para informar a los servidores públicos sobre conductas que deben evitar para no ser investigados por la Fiscalía Especializada.

Fotos: Héctor Barrera

Video: Héctor Barrera