Tijuana

Nuevo Código Nacional Civil y Familiar exigirá mayor presupuesto y ajustes profundos

Por Sergio Carrillo | miércoles, 10 de diciembre de 2025

EMX-Nuevo Código Nacional Civil y Familiar exigirá mayor presupuesto y ajustes profundos

El Magistrado Alonso Kim Salas puntualizó que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares requiere un alto nivel técnico y de infraestructura.


TIJUANA.- El Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Nelson Alonso Kim Salas, advirtió ante miembros del Grupo Unidos por Tijuana que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa uno de los mayores desafíos institucionales para el Poder Judicial, debido a su alto nivel técnico y a la infraestructura que requerirá.

Explicó que el nuevo modelo procesal demandará capacitación intensiva, modernización tecnológica, reorganización administrativa y adecuación de espacios, lo que obliga a los poderes judiciales estatales a prepararse de manera paulatina. Salas recordó que la entrada en vigor será gradual, pero aun así implica transformaciones profundas que deben planearse con recursos suficientes.

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El magistrado subrayó que, aunque los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias seguirán siendo una herramienta útil para despresurizar los tribunales, no sustituyen el proceso judicial. Indicó que estos funcionan solo cuando existe voluntad de las partes, por lo que no pueden absorber todos los asuntos ni atender casos complejos. “Son un complemento, no un reemplazo del juicio”, puntualizó.

Salas también destacó que el Poder Judicial necesita un incremento presupuestal real para cumplir con las nuevas exigencias del Código Nacional. Señaló que el Tribunal ha operado históricamente con recursos limitados y que, sin un reforzamiento financiero, existe riesgo de rezagos, demoras e incluso fallas en la transición al nuevo sistema.

Finalmente, el magistrado reiteró que la implementación del Código debe realizarse con orden, acompañamiento presupuestal y claridad operativa para garantizar certeza jurídica a los ciudadanos.


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