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Impugnan empresarios y organismos civiles reforma que obliga a entregar datos biométricos
Por Sergio Carrillo | martes, 3 de febrero de 2026
Los manifestantes aseguraron que los datos no se encuentran en manos confiables, por lo que al menos 25 ciudadanos presentaron un amparo.
TIJUANA.- Organismos empresariales y de la sociedad civil presentaron un amparo ciudadano en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que obliga a los usuarios de telefonía móvil a proporcionar y vincular sus datos biométricos con una identificación oficial, al considerar que la medida es violatoria de derechos humanos y representa un riesgo para la seguridad de la información personal.
El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, Olivaldo Paz Gómez, señaló que la preocupación del sector comercial radica en el posible mal uso de los datos, ante antecedentes de hackeos y robos de información incluso en grandes corporaciones.
“Nosotros sí tenemos que pedirle al cliente ciertos requisitos, pero no biométricos, eso no (…) me comentaron que a una compañía ya les habían clonado una información y con esa información, ¿se imagina que puedan hacer una vinculación y pueda haber una serie de unos atracos o algo?”, expresó.
Paz Gómez advirtió que las nuevas modalidades delictivas, apoyadas incluso en inteligencia artificial, incrementan el riesgo de extorsiones y fraudes, por lo que la Canaco informará a sus afiliados sobre el alcance del amparo y las implicaciones de la reforma.
Por su parte, Carlos Atilano Peña, dirigente de organismos de la sociedad civil, explicó que el amparo se presentó contra la reforma que entró en vigor el pasado 9 de enero y que condiciona la continuidad del servicio telefónico a la entrega de datos biométricos.
“Nos parece que esta reforma es violatoria de derechos humanos. Todos tenemos el derecho a la privacidad, al resguardo de nuestros datos personales, al acceso a la tecnología (…) se imponen medidas desproporcionales, tales como el revocarte o el privarte del servicio si no cumples con esta obligación”, señaló.
Atilano Peña indicó que existen antecedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte que han declarado excesivas medidas similares y advirtió que los padrones de datos no han demostrado ser seguros.
“Nuestros datos no están en manos confiables (…) llega a manos de la delincuencia organizada donde finalmente el ciudadano es víctima de extorsiones, de secuestros, de robos”, agregó.
El amparo fue promovido de manera conjunta por diversas agrupaciones, entre ellas Canaco, COCI, Ruta Ciudadana, la Alianza Mexicana de Abogados y el Instituto de Defensa Jurídica de Derechos Humanos. En esta primera etapa participan alrededor de 25 personas, mientras que se prevé la presentación de nuevos recursos con al menos 50 firmas adicionales.
En el mismo sentido, Esteban Capella Ibarra, coordinador de Ruta Independiente, explicó que la iniciativa busca frenar medidas que considera invasivas y desproporcionadas.
Capella Ibarra subrayó que la obligación de entregar datos biométricos vulnera el derecho a la privacidad y no guarda proporcionalidad con el objetivo que persigue la autoridad.
“La tecnología hoy por hoy, la comunicación, es un derecho humano como lo es el agua (…) no es proporcional la disposición con precisamente el derecho que tenemos nosotros a acceder a la tecnología”, puntualizó.
Los promoventes indicaron que, además de solicitar la suspensión de la aplicación de la norma, continuarán instalando módulos informativos para que más ciudadanos se sumen al amparo, al considerar que la medida no combate la extorsión ni el crimen organizado y sí expone a la población a nuevos riesgos.