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Nueva estrategia de seguridad de EE.UU. tendrá impactos en la frontera y en América Latina: COLEF
Por Sergio Carrillo | lunes, 9 de febrero de 2026
El investigador José María Ramos puntualizó que la cruzada antidrogas de EEUU difícilmente tendrá éxito si el país vecino no atiende la prevención del consumo.
TIJUANA.– La nueva política de seguridad impulsada por el gobierno de Estados Unidos, que incluye la declaratoria de emergencia nacional en la frontera, la clasificación de grupos del crimen organizado como terroristas y una estrategia de defensa reforzada, tendrá implicaciones directas para México, América Latina y particularmente para la frontera Tijuana–San Diego, advirtió el investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Dr. José María Ramos García.
Durante su participación como expositor invitado en el Grupo XXI, Ramos García explicó que estas decisiones forman parte de lo que calificó como una “nueva seguridad regional”, con impactos en cuatro grandes dimensiones: democracia, derecho internacional, relaciones internacionales y política antidrogas.
En el caso de Venezuela, señaló que la falta de democracia y de políticas públicas inclusivas ha derivado en un éxodo humanitario de casi 8 millones de personas en los últimos cinco años, muchas de ellas asentadas en Colombia, México y Estados Unidos, lo que ha sido utilizado por Washington como argumento para justificar acciones de presión e intervención bajo el marco de la seguridad nacional.
El investigador subrayó que la reciente decisión de Estados Unidos de considerar a los cárteles como organizaciones terroristas representa un cambio profundo en su política exterior y de seguridad, con implicaciones financieras, comerciales, de inversión y de cooperación internacional, que apenas comienzan a observarse.
“Es una medida que no habíamos visto en las últimas cuatro décadas y que redefine la relación con países vecinos, especialmente México”, señaló.
Ramos García sostuvo que esta estrategia se enmarca en lo que consideró la segunda gran cruzada antidrogas de Estados Unidos, similar a la iniciada en 1971 durante el gobierno de Richard Nixon, aunque advirtió que difícilmente tendrá éxito si no se atiende el problema de la demanda interna de drogas, particularmente de fentanilo, en territorio estadounidense.
Indicó que actualmente menos del 5 por ciento del presupuesto antidrogas de EE.UU. se destina a prevención y tratamiento, mientras que la mayor parte se canaliza a acciones policiacas y de interdicción, lo que limita los resultados de largo plazo.
En el ámbito del derecho internacional, el académico planteó el debate sobre si Estados Unidos tiene la legitimidad para intervenir en países con crisis democráticas, señalando que la actual administración ha sido crítica de los organismos multilaterales y ha priorizado decisiones unilaterales bajo el argumento de seguridad nacional.
Respecto a la frontera México–Estados Unidos, destacó que estas políticas podrían incrementar los controles de seguridad, afectando el cruce de personas y mercancías, aunque recordó que históricamente ambos países han buscado proteger las “porosidades positivas”, como el comercio y la movilidad laboral, sin descuidar las amenazas transnacionales.
Finalmente, Ramos García enfatizó que el principal reto para los países de la región es fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y las capacidades institucionales, a fin de evitar presiones externas y negociar con mayor margen de soberanía frente a un Estados Unidos que, dijo, actúa con pragmatismo, protagonismo internacional y una agenda claramente definida.
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