Tijuana

El Colegio de Abogados de Tijuana fijó una postura en contra del acuerdo del Poder Judicial del Estado que exige contar con estudios de posgrado para poder litigar en materia familiar, al considerar que la medida es excesiva y afecta el ejercicio libre de la profesión.

Durante una rueda de prensa, el presidente del organismo, Daniel Avitia Beltrán, señaló que este requisito excede las facultades del Poder Judicial, ya que ni siquiera el marco legal vigente establece la obligación de contar con maestría, doctorado o especialización con cédula para ejercer en dicha área.

Indicó que actualmente ya existe un control mediante el padrón judicial, donde se verifica que los abogados cuenten con cédula profesional, lo que garantiza que solo personas acreditadas puedan intervenir en los procesos.

Advirtió que imponer un posgrado como requisito podría reducir el número de abogados que litigan en materia familiar, ya que implicaría invertir al menos tres años adicionales de formación, lo que a su vez provocaría un incremento en los costos de los servicios legales.

“Esto va a encarecer el litigio familiar y el afectado va a ser el justiciable”, señaló, al referirse a casos como custodia, pensión alimenticia o patria potestad.

Asimismo, subrayó que contar con un título o grado académico no garantiza que un profesionista sea especialista en la materia, ya que, dijo, las herramientas para una adecuada defensa se adquieren principalmente a través de la práctica y la experiencia.

Los abogados también cuestionaron que el propio Poder Judicial esté ofreciendo capacitaciones sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mientras que al mismo tiempo impone un requisito adicional que podría limitar la participación de quienes ya se están preparando.

Explicaron que más de mil abogados ya participan en estos cursos en línea, algunos de manera presencial en Ensenada, por lo que consideraron contradictorio establecer un “candado” adicional para ejercer.

Finalmente, reiteraron que no permitirán que se impongan medidas que, desde su perspectiva, restringen el ejercicio profesional y afectan el acceso a la justicia para la ciudadanía.

Chris Noyola / Border Zoom